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Una mirada crítica a la Guerra del Agua

Por Guido Espinoza Terán - 27/04/2013


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Hace 13 años, a comienzo de abril del año 2000 explotó la Guerra del Agua en nuestra ciudad, cuando el Gobierno nacional decidió privatizar Semapa, atado al financiamiento y ejecución del proyecto múltiple Misicuni, contratando a un consorcio internacional para encarar tres problemas y necesidades fundamentales ligados entre sí: resolver el déficit crónico de agua potable en la ciudad de Cochabamba; disponer de agua suficiente para atender la demanda de riego de este valle y modernizar Semapa para que cumpla sus funciones con eficiencia.

Estas demandas colectivas de los cochabambinos no fueron abordadas ni implementadas adecuadamente por el Gobierno nacional con la oportuna información y consulta ciudadana que debía realizar a los beneficiarios o usuarios del proyecto antes de las medidas adoptadas; ése fue su mayor error político y la causa principal que desencadenó la Guerra del Agua; Tuvo suficiente tiempo para enmendar este error, lamentablemente, se encerró en su propio proyecto.

Previo al contrato con Aguas del Tunari, el Gobierno presentó al Congreso nacional la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario que no existía y dada la urgencia, en un tiempo récord, a fines de octubre de 1999 se promulgó la Ley 2029 para dar el sustento legal al contrato con Aguas del Tunari  que vulneraba los derechos propietarios de los miles de pozos de agua potable y riego individuales y comunitarios existentes en este valle, además de afectar los usos y costumbres practicados en el campo sobre las fuentes de agua de riego. Esta Ley abrió el mayor boquete a las confrontaciones sociales que se iniciaron en la población de Vinto en noviembre de 1999 y llegaron a su desenlace final en las violentas luchas callejeras en esta ciudad en el mes de abril del año 2000.

Hubo negociaciones entre el Gobierno y la Coordinadora del Agua. Gracias a la mediación de monseñor Tito Solari, en el Seminario de San José, se discutió en comisiones técnicas la Ley 2029 y el contenido del contrato con Aguas del Tunari con la participación activa de los Colegios de Profesionales de Cochabamba. En la Coordinadora del Agua, en un principio, no hubo ninguna pretensión de anular el contrato ni expulsar al consorcio Aguas del Tunari. Se quería corregir o eliminar los puntos críticos de ambos documentos; sin embargo, la dura represión desatada a los cochabambinos por los “Dálmatas” enviados de la sede de Gobierno cambió todo el escenario; se respondió con la misma violencia tomando las oficinas de Semapa y expulsando a sus ocupantes.

Después de 13 años ahora cabe referirse a que las tres demandas colectivas de los cochabambinos no se han logrado.

Semapa sigue igual, con más población que se abastece de pozos privados; no hay suficiente agua para riego y los enfrentamientos sociales son entre las propias comunidades campesinas; el proyecto múltiple Misicuni, si bien está en ejecución, la mayor incógnita es conocer a cuánto llegará la inversión total y cuánto costará al usuario pagar la tarifa de agua para consumo y riego. Pero, lo más grave es constatar que después de la experiencia frustrada de la Guerra del Agua, la población cochabambina perdió iniciativa y capacidad de lucha y ese espíritu rebelde y libertario heredado desde la Guerra de la Independencia se apagó.

El autor es ingeniero

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