CORRUPCIÓN, ¿ELECTORALIZARLA O NO?

El Gobierno ha retomado como bandera la lucha contra la corrupción, pero no basta con perseguir a los supuestos culpables, sino hay que trabajar en la prevención y en analizar las leyes vigentes y las muchas que están en puertas de ser aprobadas

En las últimas horas, el Contralor General del Estado ha informado que la corrupción golpeó a un 40 por ciento de los municipios del país en 2009.

El tinte electoral que tiene el reporte es innegable, pero también es imposible pasar por alto la cuantificación de este mal social que se ha anidado en las administraciones municipales del país, con especial énfasis en algunas regiones.

Según recoge la agencia estatal de noticias ABI, sólo en el departamento de La Paz, el 80 por ciento de los municipios están salpicados por irregularidades, y sobre sus autoridades pesan cientos de denuncias debido a supuestas obras e ítems fantasma, entre otros hechos anómalos.

El Contralor, diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), también llama la atención sobre las acusaciones ya formales en contra de la ex alcaldesa de Sucre, e incluso, se toma la libertad de llamar a la población a "hacer un lado a esa clase de autoridades".

Ahora bien, al margen del manejo electoral que el Gobierno pretenda hacer del tema, lo cierto es que los datos mencionados son parte de un informe estadístico, próximo a presentarse, de los municipios con mayor grado de observaciones.

Los porcentajes anticipados por el Poder Ejecutivo no son menores, por lo que corresponde ahondar en las causas de los supuestos hechos irregulares, más ahora que el país está en puertas de una nueva elección de alcaldes y prefectos, que sumará rostros nuevos a la política, muchos sin la experiencia ni el conocimiento necesarios y por tanto —hay que decirlo—, presas fáciles de engaños en algunos casos.

El Contralor sostuvo, en su adelanto de informe, que la institución que dirige no pudo revisar las "excesivas denuncias por la imposibilidad física de analizar cada caso con tiempo como corresponde". Pero hay tiempo hasta fin de mes, y urge que la población de los municipios involucrados en estos hechos de supuesta corrupción conozca el reporte oficial.

El control social, que el Poder Ejecutivo pide, carecerá de sustento y se tornará ineficaz y arbitrario si la población organizada no cuenta con un reporte claro, más si se considera que los recursos para los municipios aumentaron en los últimos años.
Estamos, pues, ante una oportunidad de no utilizar este informe con fines políticos, porque además los datos estadísticos no sólo involucran a opositores, sino a oficialistas, que como los primeros, proclaman su inocencia.

Tras los sonados casos de corrupción destapados en el último año, el Gobierno ha retomado como bandera la lucha contra la corrupción, pero no basta con perseguir a los supuestos culpables, sino hay que trabajar en la prevención y en analizar las leyes vigentes y las muchas que están en puertas de ser aprobadas, para ver si esta lucha tiene un respaldo real para ser encarada.

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