¡Que viva la pepa!

La nueva Constitución Política del Estado parece haber nacido condenada de antemano a ser sometida a todo tipo de violaciones

En la España de estos días se han iniciado los preparativos para la conmemoración del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz, la primera que tuvo España, y una de las más liberales de su tiempo. Por haber sido aprobada el 19 de marzo, día de San José, el pueblo la llamó “la Pepa”, y con ese sobrenombre pasó a la historia.

Según los relatos de ese tiempo, el pueblo alborozado salió a las calles a festejar la aprobación de la Constitución gritando: “¡Que viva la Pepa!”. Y aunque aún hoy se duda sobre si lo hizo como una muestra de adhesión y cariño a su flamante Constitución, o más bien como una manifestación de irrespeto, lo cierto es que la frase se hizo famosa como el primer lema político de la historia. Y por lo inaplicable que fue el texto constitucional, debido a la falta de correspondencia entre las buenas intenciones y la realidad, lo que ocasionó que en los hechos nadie la respete, la consigna “¡Que viva la Pepa!” llegó hasta nuestros días como sinónimo de anarquía y desprecio a los mandatos constitucionales.

El caso de “la Pepa” bien merece ser recordado en la Bolivia actual, pues se parece mucho a lo que está ocurriendo con nuestra flamante Constitución. Es que como en España de hace doscientos años, todos la ensalzan, pero nadie la respeta. Ni siquiera sus autores. Se le atribuyen grandes cualidades, pero cuando de aplicarla se trata se opta por la mejor forma de burlarla.

Es tan evidente que la nueva Constitución Política del Estado ha nacido condenada a ser permanentemente sometida a todo tipo de violaciones, que aunque todavía no ha sido puesta en plena vigencia ya no sirve siquiera para regular los aspectos más formales de la nueva institucionalidad. Ni siquiera el acto de la inauguración de la primera Asamblea Legislativa Plurinacional estará sujeto al mandato constitucional que con toda claridad indica en su artículo 153 que “Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán inauguradas el 6 de agosto de cada año”.

Y si en algo aparentemente de orden tan secundario se condena al texto constitucional a no ser más que un conjunto de letra muerta, no hay por qué esperar que en asuntos de mayor relevancia la actitud hacia ella sea mejor. Así lo ha demostrado ya el Poder Ejecutivo, al proponer que la Asamblea Legislativa se estrene con la aprobación de un paquete de “leyes cortas”, como la que abriría las puertas a la renovación del Órgano Judicial mediante procedimientos del todo distintos a los que inútilmente señala la Constitución. Y como ése, ya son muchos los ejemplos que se ven venir.

Que eso ocurra no es algo que deba sorprender si se considera que, como los mismos autores de la Constitución en vigencia lo reconocen, ésta tiene un carácter experimental. Es decir, su principal razón de ser consiste en ser objeto de una serie de “operaciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios…”, mediante el método de la prueba y el error. Así, como en la España de 1812, podremos decir: ¡Que viva la Pepa! Mientras tanto, la historia seguirá avanzando por cauces diferentes a los previstos por ley.

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