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SOBRE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Por Redacción Central - Los Tiempos - 27/03/2010


El telón de fondo que acompaña ese proceso es el crecimiento del narcotráfico, base de una serie de otras actividades delictivas

Esta semana se ha conocido una serie de acciones relacionadas al tema de la inseguridad ciudadana, que es un problema que cada vez se complejiza más, pues es producto de la incapacidad del Estado para enfrentarlo; el caótico crecimiento de los centros urbanos y la errada concepción y estructuración de los sistemas de seguridad creados para garantizar, precisamente, la seguridad de los ciudadanos.

No se trata de algo nuevo. Desde fines de la década de 1980 todos los gobiernos que se han sucedido han intentado, infructuosamente, aplicar planes para enfrentar el problema. Entre esos planes, la reforma estructural de la Policía Boliviana, que tiene la atribución constitucional de atender este tema. Lo lamentable del caso es que hay más de 13 planes que han fracasado y el problema sigue incluso peor que antes, precisamente por el crecimiento de la población, la existencia de populosas concentraciones humanas sin resguardo policial, los problemas de la pobreza, la desestructuración de la familia, así como la cada vez más sofisticadas  organizaciones criminales que operan en el país, muchas de las cuales tienen importantes nexos con bandas de otras naciones.

El telón de fondo que acompaña ese proceso es el crecimiento del narcotráfico, base de una serie de otras actividades delictivas que hacen que la seguridad del espacio público y privado se deteriore.

Ayuda a esa espiral el hecho de que parecería que en cada nueva gestión del gobierno se rechace lo avanzado en la precedente y se elaboren nuevos planes como si no hubiera antecedente alguno. Como confirmando esta realidad, el Órgano Ejecutivo acaba de presentar el Programa “País para Bolivia 2010-2015”, que busca “fortalecer las capacidades de las instancias gubernamentales para responder a las amenazas de la droga, el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y los delitos económicos’”.

El programa cuenta con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), requiere un financiamiento de cerca a 50 millones de dólares para los seis años de duración que prevé, de los cuales el gobierno dispone de poco más de 3 millones de dólares y espera que la comunidad internacional, dentro del concepto de responsabilidad compartida en el combate al narcotráfico (concepto que, cabe recordar, fue acuñado en la década de los 80), ayude a financiarlo.

El Programa incluye cinco pilares: desarrollo integral, prevención y  tratamiento del consumo de drogas, lucha contra el crimen organizado, gobernabilidad y lucha contra la corrupción, y tiene como metas reducir la prevalencia e incidencia del uso indebido de drogas; reducir la producción y el tráfico de drogas y sustancias controladas, apoyar la lucha contra el delito  transnacional (lavado de dinero, tráfico de armas, terrorismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes) y apoyar la transparencia de la gestión pública y promover el control social sobre los recursos del Estado.

En líneas generales (y exceptuando la erradicación de coca, que está ausente de este plan) se trata de un documento muy similar a los presentados en anteriores gestiones que han tenido resultados poco alentadores porque, más allá de texto, lo que importa son las instituciones y la voluntad política para aplicarlo. Ese fue el desafío que antes no se pudo responder y que, es de esperar, ahora lo pueda hacer…


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