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LA IMPORTANCIA DEL DEBIDO PROCESO

Por Redacción Central - Los Tiempos - 18/05/2010


Quienes hoy promueven este tipo de excesos deben recordar que quien más utilizó la guillotina para eliminar a sus adversarios, terminó, él mismo, guillotinado

El gobierno ha caído en el pecado de querer legislar en función a sus intereses de cortísimo plazo al proponer la aprobación del artículo 8º --incluido de contrabando en el proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales Autónomos--, por el que dispone que “la Gobernadora o Gobernador podrá ser suspendido temporalmente de su cargo cuando pesa sobre él acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de su posesión o durante el ejercicio del mandato”. 

Este artículo, que pareciera estar destinado a la lucha contra la corrupción –como ingenuamente han interpretado algunos lectores de Los Tiempos--, busca, en la realidad, desconocer la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas y someter, en contra de principios universales, por lo menos, en este momento, a dos poblaciones (Santa Cruz y Tarija) a su dominio porque por la vía electoral no lo ha podido hacer pese a los ingentes recursos estatales utilizados para ese frustrado propósito.

Si el gobierno logra imponer este artículo habrá dado un paso importante en la consolidación de un proyecto en el que la seguridad jurídica del ciudadano esté en entredicho, pues el precedente que sentará será totalmente pernicioso para el buen desenvolvimiento de la sociedad. Porque si hoy se pretende legislar para impedir que dos ciudadanos que gozan del apoyo ciudadano pero son opositores al  gobierno, mañana puede utilizarlo contra otro gobernador que moleste al oficialismo contra cualquier otro foco de disidencia. Y como se ha convertido a los Ministerios de Justicia y Transparencia y al Ministerio Público en agencias de control político y social, cualquier ciudadano estará al arbitrio de quienes circunstancialmente ejercen el poder.

Esa es la naturaleza de la norma que se pretende hacer aprobar en la Asamblea Legislativa. De ahí que sea contraria a la Constitución Política del Estado que, en el artículo 28 prevé que el “ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida: /1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra. /2 Por defraudación de recursos públicos./ 3. Por traición a la patria”.

Obviamente, la garantía es la sentencia ejecutoriada porque implica que ha habido proceso de comprobación del delito denunciado. Y es tal la actitud aviesa del Ejecutivo que el propio ministro del área ha reconocido que el artículo ni marras no se incluyó en el proyecto de ley, que se remitió al Parlamento sino que se lo añadió posteriormente y la de la ministra de Trasparencia que ha dicho con total claridad que los gobernadores de Santa Cruz y Tarija no serán posesionados.

Es de esperar que la sociedad se dé cuenta de esta situación que trasciende el ámbito meramente político y con sus acciones logre convencer a las autoridades de gobierno de desistir de esta su artera intención. Siempre es bueno recordar que quien más utilizó la guillotina para eliminar a sus adversarios, terminó, él mismo, guillotinado.


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