ESCASECES Y “NACIONALIZACIONES”

Es deplorable la confusión que reina, pues lo que está en juego es la salud del sector más dinámico de la economía nacional, como es la construcción

La decisión del Gobierno de expropiar el paquete accionario de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) adquirió de la entonces Prefectura de Chuquisaca en 1999 ha tenido, por ahora, como efecto principal, el poner en evidencia la mucha confusión que reina en importantes ámbitos de la actividad económica y política nacional.

En lo que al aspecto económico del problema se refiere, la principal causa de confusión está relacionada con los antecedentes inmediatos de la decisión gubernamental. Es que como se recordará, la escasez de cemento que durante las últimas semanas se hizo notar en las principales ciudades del país puso este tema en el primer plano de la atención de quienes observan de cerca la marcha de la economía nacional.

El dato que más polémica ocasionó fue el que se refería a una supuesta relación entre el desabastecimiento de cemento y las dificultades de YPFB para satisfacer la demanda de gas de las cementeras del país. Éstas, por esa deficiencia, no estarían produciendo suficiente clinker --un producto intermedio entre la piedra caliza y el cemento--, lo que las obligaría a importarlo y a descartar cualquier proyecto de ampliación para el futuro de su capacidad productiva. Según esa versión del problema, rotundamente negada por el gobierno, no estaríamos ante un problema coyuntural sino ante uno de muy largo aliento que pondría en dificultades al sector de la construcción durante los próximos meses y años.

Pero como si la confusión que rodea los aspectos económicos de la nueva “política cementera” gubernamental no fuese suficiente, sus elementos políticos la complican aún más. Es que hasta hoy las autoridades gubernamentales no han logrado aunar criterios para dar al país una sola explicación verosímil y razonable de los motivos que lo indujeron a expropiar las acciones de Soboce, lo que hace temer que ni en los círculos oficiales hay suficiente entendimiento.

Son tan diversas las versiones al respecto que van desde las que sostienen que todo se debe a la necesidad de castigar al principal accionista de Soboce, Samuel Doria Medina, por supuestamente haber apoyado al movimiento cívico de Chuquisaca en sus disputas con el gobierno y el MAS, hasta las que sin ambages afirman que se trata tan sólo de un paso más –muy previsible, por lo demás— del proceso que conduce a la consolidación del elemento “Socialista y Comunitario” del “Estado Plurinacional”.

La oposición, como ya es habitual, no sólo que no contribuye en nada a aclarar el panorama sino que lo enrarece aún más. Es el caso de algunos parlamentarios, particularmente del Plan Progreso para Bolivia que parecería que celebran lo ocurrido en Fancesa como un triunfo propio, pues fueron ellos quienes con más entusiasmo promovieron un proyecto de ley para “nacionalizar” dicha empresa.

Tanta confusión, que no es buena en ningún caso, es más deplorable aún si se considera que lo que está en juego es la salud del sector más dinámico de la economía nacional, como es la construcción. Es de esperar, por eso, que con el paso de los días las dudas vayan despejándose para dar lugar a una cabal comprensión de la verdadera magnitud del problema.

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