EMBRIONES DE TERRORISMO EN BOLIVIA

Es de esperar que en este caso los  organismos represivos del Estado sepan armonizar el rigor necesario con el pleno respeto a los derechos humanos

La detención de cuatro individuos (tres varones y una mujer) de nacionalidad peruana, supuestamente involucrados en actividades subversivas de la organización terrorista Sendero Luminoso, ha dado una señal de alarma más sobre lo frágil que puede llegar a ser la estabilidad política y social en nuestro país.

En efecto, si la creciente ola de violencia, directa o indirectamente relacionada con el narcotráfico, despertó los temores sobre la posibilidad de que nuestro país caiga en una vorágine similar a la que está asolando México, la detección de actividades terroristas inspiradas en Sendero Luminoso no puede dejar de traer a la memoria lo que eso significó para el Perú con Sendero Luminoso y Colombia con las FARC durante la década de los años 80.

Cualquiera de las dos fuentes de violencia –narcotráfico y terrorismo-- son en sí mismas suficiente motivo para que se pongan en estado de máxima alerta todos los dispositivos de autoprotección con que cuenta nuestra sociedad. Mucho más si hay motivos para temer que ambos males se presenten coludidos, unidos por el común interés de destruir o por lo menos debilitar la frágil institucionalidad boliviana.

Si consideramos que Estados mucho más sólidos y mejor dotados de recursos materiales e institucionales que el nuestro --como Colombia, Perú o México-- han encontrado tantas dificultades para afrontar exitosamente esos retos, no es difícil imaginar cuán devastador puede llegar a ser el problema si no se lo detiene antes de que alcance etapas posteriores de su desarrollo.

Para ayudar a afrontar el primero de los males a los que nos referimos –el narcotráfico— ya se está dando pasos importantes, aunque todavía muy lentos, con los países vecinos más afectados. Es el caso de los acuerdos con Brasil, Chile y Argentina para llevar a cabo acciones conjuntas contra el tráfico de drogas en las zonas fronterizas.

En el caso de las actividades terroristas, en cambio, no se sabía de un esfuerzo similar probablemente porque se daba ya por desarticulados a los grupos que en otros tiempos actuaron en nuestro país.

Resulta por eso tranquilizador saber que esa era sólo una apariencia, pues en silencio y con la cautela que se aconseja en estos casos hubo un intenso trabajo de coordinación entre los ministerios de Gobierno de Perú y Bolivia, cuyos frutos han comenzado a verse.

Como ha informado el Ministro de Gobierno, la detención del grupo subversivo fue el resultado de más de casi cuatro meses de colaboración y coordinación con la policía peruana, lo que permitió que se detecte e identifique a los autores de “difusión de panfletería antigubernamental” y de la organización de cursos de “adoctrinamiento para la difusión de doctrinas inspiradas en la ideología marxista-leninista-maurista”, que son los cargos con los que se imputa a los supuestos elementos subversivos.

Es de esperar, dados los antecedentes, que las acciones de los organismos estatales sean todo lo rigurosas y eficientes que la peligrosidad del caso amerita. Pero también, y no menos importante, que cuanto se haga en ese sentido sea sin salir de los límites que impone la vigencia de un Estado de derecho.

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