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LA REFORMA JUDICIAL, EL DESAFÍO PENDIENTE

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 3/01/2012


Por todos los antecedentes acumulados hasta ahora, la posesión de las nuevas autoridades del Órgano Judicial deja más du das que esperanzas

Lo que hoy pudo ser un día fundamental en la historia del país, ha sido opacado por el sectarismo y la falta de confianza en la ciudadanía de parte de las autoridades del Gobierno y dirigentes del MAS. Por ello, la posesión de las nuevas autoridades del Órgano Judicial, en un acto que se realizará hoy en la capital del Estado y que estará a cargo del presidente Evo Morales, deja más dudas que esperanzas.

Se trata de nuevas autoridades que tienen dos encargos de vital importancia: cumplir con idoneidad, transparencia y honradez funciones que les asigna la Constitución Política del Estado y dirigir la reforma de este órgano fundamental para la pacífica convivencia ciudadana y la garantía de la seguridad jurídica.

Se trata, sin duda, de dos responsabilidades muy grandes. Para cumplirlas, más allá de los atributos profesionales de quienes desde hoy se harán cargo del Órgano Judicial Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estos deben tener una legitimidad incuestionable, la misma que, empero, ha sido puesta en duda por el proceso que ha seguido su elección, en el que ha imperado la visión utilitaria de esta instancia del Estado, por la cual y gracias a la absoluta mayoría de la que el partido de Gobierno goza en la Asamblea Plurinacional, se ha optado por reproducir los aspectos más negativos del viejo sistema, entre ellos, su total dependencia del poder político. Además, esta visión de corto plazo tampoco pudo ser legitimada por el voto universal, por cuanto la ciudadanía expresó claramente su rechazo al optar, por más del 60 por ciento, por el voto nulo y el blanco.

Pese a ello, el Gobierno ha decidido seguir adelante olvidando el discurso pasado sobre la voluntad del voto popular al que reconoce cuando lo beneficia y desdeña cuando no lo hace.

De ahí que un paso sustancial que se debe dar es obtener la fuerza de la legitimidad ciudadana para poder cumplir su papel. Esto significa, por un lado, que los elegidos rescaten el valor, como condición sine qua non de su labor, de su independencia política, lo que implica que actúen acatando fielmente lo que señalan la Constitución y las leyes, esforzándose por romper el cordón umbilical que hasta ahora los ata a los órganos Ejecutivo y Legislativo. Por el otro lado, que el Gobierno y la Asamblea Legislativa dejen actuar libremente a los magistrados que hoy serán posesionados. Sólo de esa manera podrán ayudar a que obtengan la autoridad moral suficiente para desenvolverse como manda la Constitución.

No está demás advertir que si desde varias de sus instancias el oficialismo sigue presionando al Órgano Judicial y el Ministerio Público para que actúen de acuerdo a sus intereses –legítimos o no–, lo que estarían haciendo es dar el tiro de gracia a un sistema de elección de magistrados por demás polémico y que ha sido dirigido a beneficiar a los cercanos al régimen de turno.

En todo caso, se debe reconocer que el contexto no es favorable para ir por ese camino. Sin embargo, dependerá, esta vez casi en forma exclusiva, de la voluntad que muestren las autoridades a ser posesionadas para que el proceso desarrollado alcance buenos resultados.


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