A TRES AÑOS DE LA NUEVA CPE

Con menos apasionamiento y más objetividad, sería bueno que gobernantes y gobernados hagamos un alto en el camino para enmendar algunos rumbos

Ayer, 7 de febrero, se han cumplido los primeros tres años de vigencia de la Constitución Política del Estado, con lo que concluyó un muy largo y difícil proceso constituyente que en sus momentos más tensos estuvo a punto de derivar en cruentos enfrentamientos entre bolivianos.

Tres años, desde la perspectiva histórica, son sin duda un período demasiado corto para hacer evaluaciones de los resultados arrojados por procesos políticos y sociales tan complejos como los que derivaron en la adopción del nuevo texto constitucional, más aún si se considera que sus principales autores intelectuales lo redactaron con la expectativa de estar inaugurando toda una nueva era de la historia de nuestro país, cuyos benéficos resultados se proyectarían hacia las próximas décadas para beneficiar a las futuras generaciones.

Sin embargo, y a pesar de ello, con una mirada menos ambiciosa, se puede considerar que tres años sí son un periodo de tiempo suficiente para bosquejar, aunque sea solo preliminarmente, un balance a partir de una simple comparación entre lo que se esperaba y lo que lo que se obtuvo. Y sin llegar a hilar muy fino con los conceptos de fuerte contenido ideológico y doctrinario que tanto abundan en el texto constitucional, y sólo a partir de los datos más objetivos, se puede afirmar que es grande la distancia que separa entre las expectativas que se alentaron aquel 7 de febrero de 2009 y la situación actual.

Cabe recordar, por ejemplo, que ese día, durante el acto con el que se celebró el acontecimiento, el Gobierno se comprometió a hacer cumplir lo dispuesto el propio texto constitucional, y hacer aprobar por la Asamblea Legislativa Plurinacional cien leyes, a las que denominaron “estructurales”, indispensables para poner en vigencia la nueva CPE. Tres años después, sólo 10 de ellas han sido aprobadas y a las 90 que están pendientes ya se han sumado otras 72 a cuyo tratamiento se han comprometido los legisladores para atender las demandas de la reciente “cumbre social.”

Más allá de lo estrictamente cuantitativo, problemas graves cuya solución se presenta llena de dificultades también tienen su causa principal en la falta de correspondencia entre las intenciones del texto constitucional y los límites impuestos por la realidad o lo que se propuso y lo que se logró. Los derechos otorgados a los pueblos indígenas sobre sus territorios o a los discapacitados; las confusas atribuciones dadas las autonomías municipales y departamentales; los mandatos relativos a la política exterior, entre muchos otros, son algunos de los ejemplos que ilustran lo difícil que ha sido, y sin duda seguirá siendo, armonizar los mandatos constitucionales con la realidad.

Que eso ocurra no es por supuesto algo nuevo en nuestro país, pues nuestra historia está jalonada, desde la primera constitución republicana, por similares experiencias de las que, como se puede constatar, aprendimos pocas lecciones.

Ahora, cuando el tiempo transcurrido y los resultados obtenidos ya permite reflexionar sobre los verdaderos alcances, posibilidades y limitaciones de la CPE con menos apasionamiento y más objetividad, bueno sería que gobernantes y gobernados hagamos un alto en el camino a fin de enmendar algunos rumbos que, como es evidente, no nos llevarán a nada bueno.

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