Con seis meses de retraso

Si de verdad se respeta la consulta previa e informada, lo que debe seguir es la anulación del contrato con OAS y reanudar todo el proceso para la construcción del camino Cochabamba-Beni

Pese a las sólidas advertencias del Defensor del Pueblo, de organizaciones identificadas con el proceso de cambio y de derechos humanos, el Presidente del Estado promulgó la Ley 222, de consulta a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro – Sécure (Tipnis), mediante la cual se convoca al “proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Tipnis y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos”.

¿Cuál es la consulta? Definir si el Tipnis “debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos mojeño-trinitario, chimane y yucaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos” y establecer “las medidas de salvaguarda para la protección del Tipnis, como también las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales respetando la línea demarcatoria del Tipnis”.

Como es fácil colegir, se trata de viabilizar que el trazo II de la carretera que unirá Cochabamba y Beni atraviese el Tipnis. De esa manera, se rompe la resistencia de los pueblos originarios del oriente que entre agosto y octubre del pasado año protagonizaron una marcha a La Paz para evitar, precisamente, ese tramo.

Así se entiende el esfuerzo hecho por el Gobierno para concretar la construcción de la carretera, incluso rompiendo importantes alianzas con sectores que fueron parte de su sustento social. Cuando los pueblos originarios del oriente comenzaron su movilización demandaban la consulta previa e informada a los pueblos originarios sobre este camino, lo que rechazaron el Vicepresidente del Estado y el entonces Presidente de la Cámara de Diputados, afirmando que quienes exigían la consulta respondían a intereses antipatriotas.

Es obvio que se hubiera ahorrado mucho si las autoridades de Gobierno cumplían ese requisito constitucional que es reafirmado mediante ley, ahora inoportuna, porque la construcción de los tramos I y II de la carretera ya comenzó (aunque se han paralizado obras por la Ley Corta que el oficialismo no se ha animado a derogar, pese al lamentablemente espectáculo de sumisión que tiene su mayoría en la Asamblea Legislativa).

Lo que correspondería para que se legitime esta ley, si de veras hay voluntad de respetar el derecho indígena a la consulta previa e informada, ahora destacado insistentemente por las autoridades, el procedimiento que se debe seguir es que el proceso de construcción de la carretera vuelva a fojas cero. Es decir, que la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) reactualice el diseño y términos de referencia de la construcción, se realice la consulta previa e informada y, si la respuesta es positiva, se lance la licitación pública y se adjudique la construcción de la obra, en un proceso transparente (que es lo que también se cuestiona al actual contrato con OAS).

Ir por otros caminos no hará más que confirmar que hay intereses muy concretos que, al no ser develados claramente, podrían ser no legítimos, sin descontar, como se ha advertido, que puedan sobrevenir días de violencia fratricida.

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