EL IMPULSO AUTONÓMICO

En la medida en que representantes políticos y ciudadanía impulsen la consolidación del Estado autonómico se podrá vencer las corrientes centralistas y autoritarias que buscan mantener vigencia en el país

Si hay un proceso que avanza muy lentamente es el de la construcción del Estado autonómico, al punto que, más bien, hay una serie de decisiones que tienen como horizonte reforzar el Estado centralista vigente hasta principios de siglo.

Obviamente, lo anterior es posible porque no hay una fuerza organizada que desde las regiones impulse el proceso. Las relaciones entre los niveles central, regional y municipal están dominadas por la coincidencia u oposición de posiciones político-ideológicas que son las que finalmente priman en un escenario en el que más bien sería la institucionalidad estatal autonómica la que permitiera resolver las divergencias de orden político.

El problema es más profundo, pues se presenta incluso habiendo afinidad política. La fuerza absorbente del poder central es de tal magnitud que impide que en la gobernación o el municipio puedan ejercerse las atribuciones definidas constitucionalmente.

Todo se encara en función al interés político dominante, dejando desguarnecidas las instituciones creadas para el funcionamiento adecuado de las autonomías.

Así se comprende que hasta ahora ninguna gobernación haya podido aprobar, en su respectiva Asamblea departamental, sus estatutos autonómicos, ni los municipios sus cartas orgánicas, que son los instrumentos básicos para el funcionamiento del sistema autonómico. Incluso en las regiones donde ha habido algún impulso –más voluntario que político-institucional– a la elaboración de esas normas, hasta ahora, a cerca de dos años de la elección de las autoridades regionales y municipales, ningún proyecto ha sido sometido al Tribunal Constitucional ni, menos, a la voluntad popular, que, a través de un referendo, debe aprobarlo o rechazarlo. En este sentido, el proceso autonómico no avanzará mientras la mentalidad centralista prime en los diferentes niveles del aparato estatal y sólo se abra cuando se trata de deslindar responsabilidades en la adopción de decisiones que pueden tener un alto costo político. 

De ahí que para ingresar en otra dinámica, que es por la que la mayoría de la ciudadanía se ha pronunciado en varias oportunidades, se requiere, por un lado, que ésta pueda organizar su demanda en forma orgánica y procesarla a través de sus representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en las departamentales y los concejos municipales. Por otro lado, que estos representantes hagan suyo el proceso autonómico y decidan ser los actores centrales que la nueva Constitución les demanda.

En la medida en que, superando sectarismos secantes, impriman al proceso autonómico fuerza e iniciativa estarán cumpliendo la función que aquélla les ha signado. En cambio, si mantienen la actitud pasiva y subordinada actual, dejarán pasar la posibilidad de trascender en la historia de este ya largo proceso de reforma estatal.

Felizmente hay, especialmente en Cochabamba, representantes que han decidido recoger el desafío y es de esperar que, conjuntamente la ciudadanía organizada, ayuden a hacer realidad esa nueva forma de organización que servirá para impulsar un proceso de desarrollo económico sustentable y equitativo.

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