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EL RÍO ROCHA, UNA TAREA PARA LA MANCOMUNIDAD

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 18/06/2012


La elaboración de un plan de acción conjunto entre la Gobernación y los siete municipios puede ser la primera prueba para la mancomunidad urbana

Un reciente informe de Evaluaciones Ambientales, difundido durante los últimos días por la Contraloría General del Estado, ha vuelto a llamar la atención sobre la manera deficiente como las autoridades departamentales están afrontando uno de los principales problemas de nuestra región, como es la contaminación de las aguas del río Rocha a lo largo de los siete municipios por los que atraviesa.

Simultáneamente, y una vez más pues es un tema que es tratado con cierta frecuencia en las páginas de este matutino, un reporte periodístico ha confirmado que la presencia de basura, aguas servidas, desagües de alcantarillas, desechos químicos de curtiembres y otros agentes contaminantes ha mantenido su ya antigua tendencia al aumento.

La reacción de las autoridades departamentales y municipales ante tal situación ha sido más o menos la misma que se repite desde hace ya muchísimos años, si no décadas, cada vez que el tema vuelve a la agenda mediática por uno u otro motivo. Han reconocido la gravedad del problema y la urgente necesidad de hacer algo al respecto; han afirmado que tienen muchos proyectos y que están a la espera de los resultados que arrojen nuevos estudios encomendados con la esperanza de que de ellos se obtenga una fórmula capaz de dar una solución integral. Pero no han podido dar alguna muestra de acciones prácticas y efectivas que se hayan adoptado en los tiempos recientes.

Que se hagan muy detallados estudios sobre el problema, aunque para conocer sus resultados haya que esperar algunos meses más, no está mal. Es de suponer que cuanto más se conozca sobre las múltiples causas de la contaminación del río Rocha más posibilidades de éxito tendrán las medidas que luego se adopten para solucionar el problema.

Sin embargo, y sin poner en duda las buenas intenciones de quienes encomendaron los estudios ni la idoneidad de quienes están a cargo de su realización, no se puede dejar de recordar que si algo ha habido en abundancia desde hace poco menos que medio siglo es investigación, estudio, análisis y, como resultado, la elaboración de proyectos.

Tan cierto como lo anterior es que también desde hace ya mucho tiempo están plenamente vigentes un sinfín de disposiciones legales que van desde varios artículos de la Constitución Política del Estado, leyes como la 1333, de Medio Ambiente; 2256, de creación de la Unidad Gestora de Recuperación del Río Rocha; y 2866, de declaratoria de emergencia del río Rocha, además de diversas ordenanzas municipales que obligan a las autoridades departamentales y municipales a hacerlas cumplir sin que para ello haga falta ningún tipo de estudios ni proyectos. Controlar que se cumplan las normas ambientales, sancionar a las personas o empresas que las transgredan, por ejemplo, es un deber cuya omisión no admite ningún tipo de excusas.

Felizmente, el informe de la Contraloría parece haber tenido sobre las autoridades del departamento y de los siete municipios un efecto despabilador (pese a algunos deseos de matar al mensajero de alguna de ellas), pues todos se han comprometido a afrontar la parte del problema que les atañe. Es de esperar que así sea y, lo más importante, que lo hagan de manera mancomunada, que es lo que corresponde ante un mal que trasciende, por razones obvias, los límites entre municipios.


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