MÁS SOMBRAS SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO

El incendio de la planta de Moxos deja muchas dudas sobre las verdaderas causas del accidente. Ojalá que las investigaciones sirvan para despejar dudas

Un incendio desencadenado poco antes del mediodía del lunes pasado en la planta generadora de energía eléctrica Moxos, ha vuelto a llamar la atención sobre la extrema fragilidad del sistema de suministro de energía eléctrica en el territorio nacional.

El hecho debe llamar la atención por múltiples motivos. El primero de ellos es que no parece nada normal que un accidente de tal magnitud se haya producido en unas instalaciones prácticamente flamantes, y que no se haya contado con las más mínimas condiciones de seguridad imprescindibles para prever y afrontar accidentes como el producido. Según los primeros reportes, un corto circuito habría originado el fuego y, una vez detectado éste, para combatirlo sólo se contó con la buena voluntad de trabajadores cuyos esfuerzos resultaron insuficientes. Hubo que recurrir al departamento de bomberos de la Policía trinitaria y a los equipos de Aasana para conjurar el fuego, lo que recién fue posible más de tres horas después “porque los bomberos llegaron tarde”.

El resultado de tal indefensión es que seis de las 14 unidades de la Central Generadora de Trinidad resultaron afectadas y una de ellas completamente inhabilitada, lo que resta ocho de los 20 megawatts (MW) que se esperaba que la planta llegue a producir no sólo para satisfacer los 15 MW demandados por la capital beniana, sino lo requerido por gran parte del área rural del departamento, e incluso un sector del norte de La Paz. Cabe recordar que en la central se invirtieron más de 15 millones de dólares proporcionados por el Banco Central.

El caso es más alarmante aún si se considera que la planta sufrió graves contratiempos desde el inicio mismo de su implementación. Después de una serie de postergaciones, fue solemnemente inaugurada el 18 de enero por el presidente Evo Morales, quien sostuvo que se trataba sólo de la primera de una serie de unidades termoeléctricas que paulatinamente se pondrían en operación para adicionar 337 MW de potencia al SIN “para superar la crisis energética heredada por la capitalización”. En el mismo acto, anunció la rebaja de tarifas en el servicio eléctrico en las poblaciones de Yucumo, San Ignacio de Moxos, San Borja y Trinidad, hasta no más de 0,65 centavos de boliviano por kilovatio hora, como una muestra de la superioridad de la gestión estatal de la energía eléctrica sobre la privada.

Tal optimismo no fue refrendado por los hechos, pues un mes después la planta todavía no fue puesta en pleno funcionamiento por razones que fueron atribuidas por autoridades del sector a un sistemático sabotaje de la oposición. Un boletín difundido por el Ministerio del rubro en febrero atribuía las fallas a “actos de terrorismo (…) promovidos por sectores políticos de oposición del Beni que están en franca consigna de restarle credibilidad al Gobierno nacional utilizando los cortes de energía como tema para construir una ‘agenda política’”.

Tan graves acusaciones nunca fueron probadas, pero la duda ya fue sembrada. Y con tales antecedentes, quedaron también muchas dudas sobre la manera como está siendo administrado el sector eléctrico nacional después de su reestatización. Es de esperar que el caso sirva para saber si estamos siendo víctimas de actos terroristas o simplemente de incompetencia autodestructiva.

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