OTRO TRIUNFO DE LA ILEGALIDAD

El caso de los autos “chutos” es uno más de los que pone en evidencia la debilidad estatal y su contrapartida, la fortaleza de la ilegalidad organizada

Un extenso reportaje recientemente publicado, fruto de varios días de intensas investigaciones de campo hechas por el equipo periodístico de este matutino, ha proporcionado abundantes datos para corroborar algo que ya se sospechaba y que en los ámbitos donde se realiza la mayor parte de la actividad económica de nuestro país, que son los de la economía ilegal, informal y subterránea nunca se puso en duda. Se trata de la rebosante salud de la que goza el negocio relacionado con el contrabando de autos “chutos”.

Como bien indica el informe, en los hechos de muy poco sirve que estén en plena vigencia dos Decretos Supremos: el 29836 y el 28963, promulgados con el expreso propósito de poner algún límite a la importación ilegal de automóviles. De muy poco, pues si bien es cierto que según los testimonios recogidos durante los últimos años ha habido cierta disminución de la actividad en relación a los tiempos de mayor auge, no ha sido suficiente para que el negocio deje de ser uno de los más boyantes.

Tan cierto es eso que ha sido nada menos que la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia quien en días pasados reconoció la impotencia de la institución que dirige para hacer frente al problema. Y es así no sólo por lo grandes que son los intereses económicos involucrados, sino porque estos ya tienen sus derivaciones políticas y sociales, lo que da a quienes están involucrados en el negocio un poder superior incluso al que les queda a las cada vez más débiles y frágiles instituciones del Estado boliviano.

El fenómeno no es nada nuevo. Muy por el contrario, los primeros fracasos del Estado boliviano en tan desigual batalla se remontan a casi 20 años atrás, cuando en 1994 se ejecutó el programa de “regularización” de automóviles indocumentados que ingresaron por la vía del contrabando. Desde ese año hasta 2005, se produjeron otros seis programas “excepcionales”, y cada uno de ellos fue precedido y seguido de categóricas afirmaciones de las autoridades de turno en sentido de que sería “la última vez” y que luego se actuaría con máxima severidad; promesa o amenaza que nunca se cumplió. Y no sólo porque no hubo autoridad gubernamental capaz de resistir a las presiones de los sectores involucrados, sino porque el erario nacional encontró en esa vía una muy expedita forma de obtener recaudaciones extraordinarias.

Con esos antecedentes y en las actuales circunstancias, no resulta sorprendente que quienes han hecho del contrabando de autos su actividad principal no tomen muy en serio las disposiciones legales vigentes y actúen como si éstas no existieran en espera de una nueva “regularización excepcional”. Y mientras tanto, siguen sumándose los vehículos “chutos”, desechados en sus países de origen en muchos casos, robados en otros e importados ilegalmente siempre, al ya saturado tráfico vehicular de todas las ciudades y pueblos de Bolivia.

El caso de los autos “chutos” es pues, como se puede ver, tanto una síntesis como una de las máximas expresiones de la debilidad estatal, de la fortaleza de la ilegalidad organizada y de su principal consecuencia: la anomia que se ha apoderado de la sociedad boliviana

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