UN INFORME QUE SE HACE ESPERAR

La falta de información sólo alimenta la sospecha de que es la mala administración la causa de tantos problemas en el sector energético nacional

Hace más de tres semanas, el lunes 2 de julio pasado, un incendio destruyó buena parte de la planta generadora de energía eléctrica Moxos. Seis de las 14 unidades de la Central Generadora de Trinidad sufrieron graves daños y una de ellas quedó completamente inhabilitada.

El accidente se produjo cuando la planta todavía era poco menos que flamante, pues había sido inaugurada sólo seis meses antes, el 18 de enero, en un solemne acto durante el que el presidente del Estado, Evo Morales, se refirió al hecho como una contundente prueba de la eficiencia con la que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) realiza nuevas inversiones “para superar la crisis energética heredada por la capitalización”. Nada dijo en esa oportunidad de las muchas deficiencias técnicas que obligaron a postergar durante más de dos meses el inicio de actividades de la central.

Quienes sí se refirieron a esas dificultades fueron las autoridades del sector energético que al explicar las razones de los retrasos los atribuyeron nada menos que a “actos de terrorismo (…) promovidos por sectores políticos de oposición del Beni que están en franca consigna de restarle credibilidad al Gobierno nacional utilizando los cortes de energía como tema para construir una ‘agenda política’”. Pese a la gravedad de tales acusaciones, nunca las respaldaron con ningún dato que las avale y mucho menos con pruebas, que es lo que correspondía exigirles, pero lograron su principal objetivo, que era justificar la mala marcha del proyecto.

Con esos antecedentes, hay dos hechos que no pueden dejar de llamar la atención. Uno, que una planta en la que se invirtieron más de 15 millones de dólares se haya incendiado con tanta facilidad. Y segundo, que pese a haber transcurrido ya los 21 días que las autoridades tenían como plazo para presentar un informe oficial, aún no lo hayan hecho.

Lamentablemente, en casos como éste, no hace falta excesiva suspicacia para sospechar que alguna relación hay entre uno y otro hecho. En efecto, así como no parece nada normal que un accidente de tal magnitud se haya producido en unas instalaciones tan nuevas, y que no se haya contado con las condiciones de seguridad imprescindibles para prever y afrontar accidentes como el producido, tampoco parece haber motivos válidos para que las autoridades del sector se rehúsen a dar al país las explicaciones correspondientes.

Hasta ahora, las únicas declaraciones oficiales han estado encaminadas a restar importancia a lo ocurrido con el argumento de que las pérdidas no impedirán que se mantenga el suministro de energía eléctrica a Trinidad, como si a eso se redujera el problema. Y está bien que así sea, pero es insuficiente para soslayar el hecho de que después del sufrido por una turbina en Guaracachi, este es el segundo accidente que sufre ENDE en menos de dos años, lo que además de ocasionar millonarias pérdidas multiplica las dudas  sobre la manera como están siendo administradas las principales empresas de nuestro país.

Por ahora, y mientras los informes oficiales no demuestren lo contrario, será inevitable sospechar que lo que está causando tantos problemas en el sector energético nacional es una combinación de improvisación, ineptitud y negligencia.

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