MERITORIA AUTOCRÍTICA PRESIDENCIAL

El presidente Morales ha identificado a dos de las principales debilidades de su gestión. Lo que ahora corresponde es que haga lo necesario para afrontarlas

En medio de una abundancia de referencias al pasado histórico y de promesas y buenos deseos sobre el futuro nacional, ha habido dos ideas que se han destacado nítidamente en el mensaje que el Presidente del Estado Plurinacional ha dirigido al país el pasado 6 de agosto, como parte principal de los actos conmemorativos del 187 aniversario de la creación de la República de Bolivia. Se trata del explícito reconocimiento de que la corrupción y el narcotráfico son los dos puntos más débiles de la actual gestión gubernamental.

La visión autocrítica no es una de las cualidades más comunes de los gobernantes, por lo que no se puede dejar de reconocerle mérito al Primer Mandatario por haber afrontado tan espinosos asuntos. Más aún si se considera que ambos males tienen una característica en común, que consiste en que están directamente relacionados con políticas gubernamentales que, por acción o por omisión, contribuyen a su expansión.

En lo que a la corrupción se refiere, si bien se trata de un mal que no es nuevo y tiene raíces muy hondas, no es menos cierto que muchas de las decisiones adoptadas durante los últimos años han contribuido de manera decisiva a su crecimiento. Es el caso, por ejemplo, de la manera como desde los más altos niveles jerárquicos del Estado se insiste en desconocer sistemática y permanentemente las disposiciones constitucionales y legales concebidas precisamente para evitar que la corrupción se expanda. Tanto es así, que resulta imposible no hallar cierta relación entre la cantidad y magnitud de los casos que durante los últimos años han salido a la luz pública y el desmantelamiento del andamiaje institucional concebido para evitar, o por lo menos disminuir, la posibilidad de que eso ocurra.

El hecho de que gran parte de las autoridades responsables de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, como la Contraloría General del Estado o la Fiscalía General, o de que las empresas en las que se producen los malos manejos estén desde hace seis años bajo la conducción de funcionarios designados interinamente, pasando por encima los procedimientos previstos por la Constitución Política del Estado, es sólo un ejemplo de lo dicho.

En lo que al narcotráfico se refiere, y sin desconocer las hondas raíces que el mal tiene en nuestra sociedad, tampoco se puede negar que alguna relación existe entre la indiscriminada proliferación de cultivos de coca y la creciente contaminación que el narcotráfico ocasiona en las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestro país.

Es evidente que ninguno de los males señalados podrá ser eliminado sólo por un acto de voluntad. No es menos cierto, sin embargo, que para disminuir su gravedad y atenuar los males que están causando a la gestión presidencial mucho ayudaría la adopción de algunas decisiones muy simples y concretas. Restablecer la institucionalidad en instituciones y empresas del Estado, y poner algún límite a la expansión de la economía que gira alrededor del narcotráfico son dos posibilidades que el Primer Mandatario bien haría en considerar.

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