LINCHAMIENTOS Y CRIMEN ORGANIZADO

El más reciente linchamiento se suma a las decenas de casos anteriores, pero con la agravante de tener vínculos con actividades delictivas de gran magnitud

El linchamiento de dos ciudadanos brasileños, acusados de haber asesinado horas antes con ráfagas de ametralladora a tres bolivianos, ha vuelto a poner en primer plano de la agenda pública dos problemas que por lo frecuentes que ya son parecen haberse incorporado a la cotidianidad nacional. Con la agravante, en este caso, de que las víctimas de la “justicia directa” han sido ciudadanos de Brasil, cuyo Gobierno durante los últimos tiempos ha dado reiteradamente muestras de su preocupación por la proliferación de actividades delictivas en la extensa zona fronteriza que comparte con nuestro país.

Los dos problemas a los que nos referimos, muy ligados entre sí en este caso, son el relativo a la criminal práctica del linchamiento, que por la frecuencia y ferocidad con que se produce ha puesto a nuestro país bajo la atenta mirada de organismos internacionales, por una parte, y el de las muchas maneras como se manifiesta la violencia relacionada con disputas entre organizaciones criminales que pugnan por el control de negocios ilegales.

Siendo esos los antecedentes que hacen de telón de fondo del caso que comentamos, la reacción del Gobierno brasileño, expresada por sus representantes diplomáticos, ha sido de lo más mesurada. Desde un inicio se ha despejado, como corresponde, cualquier temor sobre la posibilidad de que el incidente llegue a tener algún impacto negativo en las relaciones bilaterales y se le ha dado al asunto su justa dimensión al calificarlo un "caso aislado" ocurrido por "el contexto local", sin que la nacionalidad de las víctimas haya tenido relación alguna con los móviles de los crímenes de los que habrían sido supuestos autores, primero, y víctimas después.

Sin embargo, que ésa haya sido la reacción brasileña oficial no atenúa en nada la gravedad del fenómeno que se está gestando en la zona fronteriza, en la que según las fuerzas policiales y militares de Brasil operan con impunidad tantas y tan bien organizadas organizaciones delictivas, que para hacerles frente han visto necesario movilizar hace pocos días a un muy importante contingente militar. Y como el narcotráfico es señalado como la principal causa del problema, resulta imposible no hallar alguna relación con el proceso que ha llevado a México y a gran parte de Centroamérica, como en años anteriores a Colombia, a una vorágine de violencia incontrolable.

En ese contexto, adquiere una nueva dimensión la otra arista del caso que comentamos, la relativa a la facilidad con que en los más diversos lugares del territorio nacional alguna gente opta por aplicar la justicia por mano propia –tratando de legitimarla, en muchas oportunidades, con el membrete de “justicia comunitaria”–, en lo que constituye todo un indicador de la descomposición institucional y ética, y la consiguiente destrucción de las normas que hacen posible la pacífica y civilizada convivencia, y a la que no se sanciona, generando la impunidad de los transgresores.

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