Justicia independiente

Vistos sus primeros resultados, es comprensible el sentimiento de frustración prevaleciente en amplios sectores sociales ante la reforma judicial

Un par de sentencias de alto contenido político del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la denuncia hecha por el magistrado Gualberto Cusi sobre la injerencia de los órganos Ejecutivo y Legislativo y la forma en que este magistrado se retractó, son una secuencia que muestra que la concepción del sistema judicial como área de cooptación, vigente desde la fundación de la República salvo lapsos contados y cortos, se mantiene inalterable.

Más allá de las protestas de rigor de parte de los denunciados y la retórica de cambio prevaleciente, asistimos a una nueva frustración, pues la demanda de contar con un sistema independiente tiene larga data y ha sido parte importante del proceso de recuperación del sistema democrático en la década de los 80.

Una vez puesto en marcha el sistema democrático y superada la crisis económica, el tema de la independencia electoral y judicial pasó a primer plano. En julio de 1992, y con la presencia de los partidos con representación parlamentaria, se suscribieron importantes acuerdos sobre políticas de Estado, entre las que se incluyó reformas en los sistemas electoral y judicial. 

Éstas se aplicaron en forma expedita y eficiente en el ámbito electoral, con la constitución de cortes independientes. No obstante, los cambios en el sistema judicial han sido lentos y siempre insuficientes, sin desconocer que hubo en varias oportunidades una voluntad política de buscar su independencia con la elección de jueces académica y moralmente idóneos.

Creado el Tribunal Constitucional en la reforma constitucional de 1995, se tardó tres años en elegir a sus primeros miembros que organizaron una entidad independiente que poco —o nada— gustó al sistema político partidario entonces en vigencia, que realizó todos los esfuerzos y logró deslegitimar esta reforma al volverla a copar bajo poco santas alianzas partidarias.

Esto provocó gran decepción en la ciudadanía que vio cómo una sentida demanda fue nuevamente aprovechada por el poder político. De ahí que la propuesta de reforma del sistema judicial impulsada por el MAS concitó tanta expectativa y fue fácilmente introducida en la nueva Constitución, que tuvo la virtud, con comprensibles cambios de denominaciones, de recoger el espíritu independentista de los postulados de la reforma de 1995. 

Sin embargo, ya en la tramitación de la reforma a partir de la elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial y el TCP, se pudo observar, como oportunamente se hizo notar, que se reproducía, lamentablemente, el espíritu interventor del pasado. Así, en un cuestionado proceso de selección y elección, se eligió a las actuales autoridades que, hasta ahora, han mostrado una excesiva sumisión ante los órganos Ejecutivo y Legislativo, y capacidad de neutralizar cualquier disidencia interna.

Es, pues, comprensible el sentimiento de frustración prevaleciente en amplios sectores sociales del país ante esta reforma, más aún si es evidente que es fundamental un sistema judicial independiente e idóneo para garantizar la pacífica convivencia ciudadana, opción dejada a un lado por una de las gestiones de gobierno que más capacidad tuvo para alcanzar ese objetivo.

Queda pues vigente la demanda de un sistema judicial independiente.

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