UN ESTUDIO QUE YA NO SE DEBE OCULTAR

Hoy como hace 10 años, cuando se inició el monitoreo de los cultivos y del consumo de coca, los datos son indispensables para tomar decisiones

Una vez más, tal como lo vienen haciendo desde hace más de un año y medio, representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) y de la Unión Europea (UE) en Bolivia han pedido a las autoridades gubernamentales que entreguen los resultados del estudio sobre el consumo de coca en nuestro país. Y también una vez más, la respuesta gubernamental ha sido insatisfactoria, lo que somete a una muy dura prueba a la paciencia que hasta ahora mostraron los representantes diplomáticos europeos y de organismos internacionales.

De acuerdo a las versiones oficiales, las continuas demoras son atribuibles a la necesidad de actualizar datos y perfeccionar los métodos y muestras que se aplicaron para recabar la información. Arguyen, por ejemplo, que se ha subestimado la cantidad de coca que consumen los choferes en sus largos viajes, los mineros o los emigrantes del norte Argentino y que hace falta más tiempo y recursos para perfeccionar el estudio.

Atendiendo tales motivos, y dando muestras de notable tolerancia, la UE ha aceptado las postergaciones. Pero, no admite que éstas sean indefinidas y mucho menos que ni siquiera sean hechos públicos los resultados parciales de varios años de investigaciones.

Lo que a la UE preocupa no es la posibilidad de que más de 1 millón de euros, que es lo que costó el estudio, hayan sido mal utilizados. Por el contrario, lo que se teme, y con justa razón, es que el estudio haya sido hecho con la precisión suficiente para poner al descubierto la verdadera magnitud del consumo tradicional de coca y, por consiguiente, la del consumo no tradicional o ilegal, lo que pondría en serias dificultades a quienes desean justificar la expansión de plantaciones de coca aún en áreas protegidas como son los parques nacionales.

Cabe recordar al respecto que fueron precisamente las muchas dudas sobre la verdadera proporción en que los cultivos de coca se destinaban al mercado legal y al ilegal la que motivó hace 10 años, en 2002, a que la UE se ofreciera para financiar el estudio. En aquel entonces, los productores de coca afirmaban que había que ampliar los límites impuestos por la Ley 1008 que fija en 12.000 hectáreas la superficie necesaria para satisfacer la demanda para el consumo tradicional, mientras las autoridades gubernamentales, respaldadas por organismos estadounidenses de lucha contra las drogas, sostenían que esa cantidad era más que suficiente para el consumo tradicional por lo que no había motivo para dejar de considerar como excedente a toda plantación adicional.

Siendo esos los antecedentes, y estando en juego nada menos que la fuente de legitimidad de las demandas de los productores de coca, no resultan infundadas las sospechas de que el celo con que son mantenidos en secreto los resultados del estudio obedece más a razones políticas que técnicas. Y si tales sospechas fueran falsas, no habría mejor manera de despejarlas que haciendo públicos los resultados del estudio. Lo que no se puede hacer, sin poner en riesgo la credibilidad del Gobierno y del país en general, es continuar eludiendo indefinidamente tan delicado asunto.

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