UN IMPUESTO QUE CONFUNDE

Las muchas dudas sobre las causas y consecuencias de la disposición gubernamental son en sí mismas un resultado negativo que habría que evitar

Una semana después de haberse hecho pública la intención gubernamental de crear el Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME), una nueva carga tributaria a las entidades bancarias, no bancarias y casas de cambio por la venta de moneda extranjera, los primeros efectos de tal disposición han comenzado a hacerse sentir en todos los escenarios de la actividad económica nacional.

No se trata, por lo menos por ahora, de efectos estrictamente económicos, sino subjetivos. Es que si bien nadie ha sentido aún las consecuencias que a favor o en contra de sus propias cuentas tendrá la medida, las dudas y las incertidumbres se han multiplicado tras el anuncio, lo que no es un pequeño detalle, pues es bien sabido que esas percepciones son en sí mismas inconvenientes para la buena marcha de los negocios de las personas, las empresas y el país en general.

De poco han servido los muchos intentos hechos durante los últimos días por las autoridades gubernamentales para reducir ese primer impacto negativo. Por el contrario, han sido confusas y contradictorias las explicaciones oficiales sobre los motivos que indujeron a la adopción del IVME, y peor aún, sobre el destino que se daría a los recursos así obtenidos, lo que sólo ha logrado abonar el terreno donde cunden las dudas, las especulaciones y las desconfianzas.

En lo que respecta a los motivos en los que se inspiraron los autores de la disposición, se han expuesto por lo menos dos. El primero sostiene que se trata de una medida redistributiva, pues el sector financiero estaría obteniendo extraordinarias ganancias mediante las operaciones de compra y venta de dólares, situación injusta que se resolvería expropiando parte de esas utilidades para transferirlas a los sectores más pobres de la sociedad. El segundo, que sería sólo un paso más de la misma política de bolivianización monetaria que se viene aplicando desde 2006 con el expreso propósito de disminuir el peso específico del dólar en la economía nacional.

En cuanto al destino que se dará a los montos recaudados, tampoco ha habido mucha claridad. Mientras el Vicepresidente ha anunciado que los 20 millones de dólares que se proyecta recaudar serían transferidos a los presupuestos de salud y educación, el Ministro de Economía y Finanzas ha afirmado que el propósito gubernamental es destinarlos a obras e inversión pública.

Y no es que esos argumentos sean incompatibles entre sí, pero evidentemente son diferentes y bueno sería que al exponer sus motivos las autoridades del área económica los armonizaran previamente.

Si hay tanta confusión sobre el porqué y el para qué de la medida, dos datos que tendrían que ser tan claros que no se presten a ningún tipo de especulaciones, el panorama empeora cuando se analizan los efectos directos e indirectos que la disposición tendrá sobre la economía nacional y popular, considerando también que puede afectar seriamente a las remesas que llegan del exterior. Y como todo lo que contribuya a la incertidumbre debe contabilizarse como un resultado negativo, sólo cabe esperar que en los informes oficiales se introduzca más transparencia y armonía de criterios, única forma de preservar la confianza sin la que las actividades económicas no se pueden desarrollar.

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