EL BATALLÓN ECOLÓGICO: ¿FUERZA O DEBILIDAD?

La decisión de recurrir a la presencia militar puede ser vista, como los juicios incoados contra medios de comunicación, como una muestra de debilidad

Es difícil comprender las razones que asisten al Gobierno para provocar permanentemente controversia poniendo en peligro, incluso, su reproducción en el poder –democráticamente, se entiende– al no vacilar en adoptar decisiones que lo alejan de sectores que fueron leales seguidores de la causa que enarbola, sin que se tenga como premisa el bien común.

Al juicio penal que se quiere someter a tres medios de comunicación –acción que han criticado incluso muchos periodistas y comunicadores afines al Gobierno–, se suma la instalación de un “Batallón Ecológico” en el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (Tipnis), en circunstancias en que hay una profunda controversia entre las autoridades y los indígenas que habitan en él, por lo que esta decisión político-militar aparece como un mensaje de amedrentamiento a quienes se oponen a la construcción de una carretera que lo atraviese y que el Gobierno está empeñado en construir.

Peor aún, se instala ese Batallón cuando, más allá del discurso oficial, la consulta organizada por el Gobierno sobre el apoyo o no a la carretera encuentra abierta resistencia, y se lo hace en área controlada por el Sindicato Ichoa, ubicada en el polígono 7 del Tipnis. Además, en el acto oficial de inauguración, el Primer Mandatario explicó que en el Batallón se aprenderá “a defender los derechos de la Madre Tierra y cómo preservar los parques nacionales de toda Bolivia”, para luego denunciar que “algunas potencias mediante algunas ONG, so pretexto de cuidar el medio ambiente, tienen otros intereses de carácter geopolítico y eso también vamos a controlar y es obligación del Gobierno nacional, mediante las Fuerzas Armadas, sentar soberanía frente a esa clase de intereses externos”.

Obviamente la reacción de los líderes indígenas ha sido inmediata. El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) ha afirmado que la presencia de militares en la zona no se justifica porque “más que hacer un control van a dañar la reserva natural” y expresó su preocupación por posibles enfrentamientos debido a que los efectivos militares estarían en la zona para apuntalar la aceptación de la consulta organizada por el Gobierno y la consecuente construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, atravesando el Parque. Asimismo, se ha presentado denuncia al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la misma que refuerza la política de resistencia internacional que han adoptado desde que comenzaron sus movilizaciones en contra de esa carretera.

En resumen, es posible prever que la instalación de este Batallón Ecológico será percibida sólo como una acción de amedrentamiento gubernamental en contra de los opositores a la construcción de la mencionada carretera y de apoyo a los productores de coca y colonizadores. Y, al mismo tiempo, también podría verse esta decisión (como la de enjuiciar penalmente a medios) como una muestra de debilitamiento de un Gobierno que recurre cada vez más a las acciones de fuerza y no a la búsqueda de legitimidad política para sentirse seguro en el poder.

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