Sobre la no extradición

Si lo que se buscaba es justicia, lo que correspondía era demandar y procesar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por ese uso de la fuerza a su mando

Con el debido respeto a las víctimas de los violentos enfrentamientos acaecidos en las jornadas de septiembre y octubre de 2003, la decisión de la justicia y Gobierno estadounidenses de no dar curso a la solicitud de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no ha sido sorpresiva ni, por tanto, tendría que ser objeto de las reacciones que se han dado en el país, particularmente en el mundo político donde, se podría presumir, se hizo un seguimiento profesional del tema.

No ha sido sorpresiva porque, como se advirtió oportunamente, el manejo utilitario del caso abrió serios resquicios para dudar del debido proceso y la legítima defensa, y a lo largo del tiempo, se ha ido demostrando incoherencias tanto en el plano interno como en el externo. 

En el plano interno, el juicio de responsabilidades en contra del exmandatario y su gabinete ha sido por “genocidio”, como fueron tipificados –política, no jurídicamente– los enfrentamientos y las muertes  de ese tiempo. Y la pieza principal de prueba es el decreto supremo que autorizaba dotar de gas licuado a la ciudad de La Paz, por cuanto los principales enfrentamientos fueron, precisamente, cuando se transportaba este producto en un convoy resguardado por fuerzas militares que respondieron violenta y desproporcionalmente a los obstáculos que se interpusieron.

Sobre esa base se estructuró el juicio, y no por el uso de fuerza desproporcionada que, de acuerdo a varios entendidos, debió ser la acusación central en contra de los entonces gobernantes, lo que lleva a considerar que no se buscó tanto la aplicación de justicia y la reparación de daños, sino protagonismo político. De hecho, no se debe pasar por alto que varios activistas de derechos humanos que actuaron en aquellas jornadas y luego en el seguimiento al proceso, hoy son importantes funcionarios de Gobierno (para entender mejor este extremo cabe recordar que en el juicio incoado al ex general Luis García Meza Tejada y sus colaboradores, que culminó con su histórica condena y su extradición de Brasil, primó tanto en la acusación como en la conducción del proceso un sentido jurídico más que político, factor determinante para ambos logros).

En el plano externo, incluso sin que aún se conozca las acciones del Gobierno en este tema, su comportamiento tampoco ha sido coherente. El apoyo del Gobierno a regímenes dictatoriales como los de Libia o Siria, o haber colaborado a que huyan los asesinos de la hija de un exmandatario paraguayo a la que secuestraron y por la que exigieron rescate (que sólo provocó la destitución del entonces viceministro de Gobierno) o rechazar la extradición de un ciudadano peruano (que fuera importante asesor del Gobierno) por la comisión de delitos de extorsión, restan autoridad política y moral a la demanda de extradición que se comenta.

Así, una vez más, y en función a una visión política pragmática de corto plazo, el país ha perdido una oportunidad para sentar el precedente de que, más allá de la legalidad del Gobierno imperante, éste no puede hacer uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza que le confía la nación para mantenerse en el poder. 

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