LA LEY DE LA MADRE TIERRA

La definición de una política agropecuaria es de interés de toda la sociedad, por lo que hace falta que se abra un amplio debate nacional sobre el tema

La promulgación, el pasado lunes, de la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien  (Mtdivb), presentada por sus autores como “el marco normativo fundacional del plan nacional de desarrollo”,  ha sido recibida con muestras de escepticismo y en algunos casos temor, pues muchas de las disposiciones que contiene podrían tener, si llegaran a ser aplicadas, muy hondos efectos sobre uno de los más importantes pilares sobre los que se sostiene la economía nacional, como es el agropecuario.

Según el texto introductorio de la nueva norma, el contenido en su primer capítulo, “la Ley tiene por objeto establecer la visión y  los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra como fase intermedia para el Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, y recuperando los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral”. A primera vista, nada que deba ser motivo de alarma.

Sin embargo, y más allá de lo que se esconde tras la aparentemente inofensiva fraseología que caracteriza a la jerga oficial, la mayor parte de las disposiciones que contiene la Ley “Mtdivb” han sido objeto de severos cuestionamientos provenientes de los más diversos sectores involucrados de una u otra manera con actividades productivas relacionadas con la tierra, así como de un extremo a otro del abanico político e ideológico.

En lo que a los aspectos doctrinarios del nuevo instrumento legal se refiere, las más duras críticas han provenido de los sectores más radicales del “proceso de cambio”, muchos de los cuales ya han roto todo vínculo con el bloque gobernante, que califican a la ley como una traición a los postulados originales del Movimiento Al Socialismo y una regresión hacia concepciones del desarrollo económico muy emparentadas con el capitalismo tradicional. Es el caso del Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo, otrora firme aliado de las fuerzas gubernamentales, que rechaza la ley porque, desde su punto de vista, “no propone un cambio de las bases estructurales del sistema capitalista, ni una reconfiguración del Estado nación”.

En el polo diametralmente opuesto, las organizaciones que aglutinan a los empresarios de la agroindustria de Santa Cruz, y muy especialmente los productores de oleaginosas, consideran que la Ley “Mtdivb” tendrá efectos muy negativos sobre el sector agrícola. Cuestionan, entre otras disposiciones, las contenidas en el Título III, mediante las que se imponen restricciones al uso de semillas genéticamente modificadas o transgénicas.

Más allá de los aspectos cuestionados, lo que ha quedado claro es que, probablemente por la dificultad de generar consensos alrededor de una política agrícola nacional que satisfaga a todos, muchos de los temas más conflictivos han sido postergados para su posterior tratamiento mediante los reglamentos de la ley y otras leyes cuyo tratamiento está aún pendiente.

Es de esperar, por eso, que la promulgación de la ley sirva, de una buena vez, para abrir en nuestro país un muy amplio y sereno debate sobre temas que interesan y afectan no sólo a los agentes productivos más directamente involucrados, sino a la sociedad en general.

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