Las áreas protegidas de Cochabamba

Es de esperar que las advertencias de las organizaciones ambientalistas sean oídas antes de que la devastación de las áreas verdes sea irreversible

Diversas organizaciones preocupadas por la salud del medioambiente que nos rodea y por las consecuencias negativas que a la larga tendrá la manera caótica como está creciendo nuestra ciudad poniendo en serio riesgo la calidad de vida de sus habitantes, han hecho conocer durante los últimos días su preocupación por la manera lenta pero segura como está avanzando un proceso que conduce a la destrucción de las principales áreas verdes de nuestra región, como el Parque Nacional Tunari (PNT) y el Parque Metropolitano de Sacaba.

En lo que al PNT se refiere, las organizaciones ambientalistas advierten sobre el riesgo de que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) esté cediendo poco a poco a las presiones de distintos grupos interesados en que el PNT sea despojado de su condición de área protegida para dar así vía libre a la incorporación de esas tierras al mercado inmobiliario y, por consiguiente, a la proliferación de urbanizaciones. De ser cierto tal extremo, una institución que fue creada expresamente con el propósito de defender, proteger y cuidar las áreas protegidas, estaría no sólo incumpliendo su misión sino, lo que es peor, haciendo un papel diametralmente opuesto al que le corresponde.

Ante tan graves acusaciones, las principales autoridades del Sernap han salido al paso para desmentirlas categóricamente y asegurar que todos sus actos están plenamente enmarcados en lo que manda la ley y que están cumpliendo rigurosamente su misión de proteger las áreas protegidas cuyo cuidado se les ha encomendado, en este caso el Parque Nacional Tunari.

De momento, no hay por qué dudar de la sinceridad de las declaraciones y de las buenas intenciones de las autoridades del Sernap. Pero, tampoco hay razones para descartar las advertencias que hacen las organizaciones ambientalistas, sobre todo si se considera el vertiginoso ritmo al que está avanzando la destrucción del Parque Tunari para dar paso a centenas de loteamientos y urbanizaciones ilegales.

En efecto, como los hechos lo confirman a diario y en todo el país, es evidente que ninguna de las disposiciones legales vigentes ni la labor de las muchas reparticiones del Gobierno central y departamental ni de los gobiernos municipales termina siendo suficiente para detener el avasallamiento de áreas protegidas. Se trata de algo innegable, por lo que sería absurdo pretender que todo está bien o atribuir falta de fundamentos o malas intenciones a las críticas y preocupaciones de las organizaciones ambientalistas.

Dados estos antecedentes, es fundamental que las reparticiones estatales encargadas de preservar la salud ambiental se pongan a la altura de la tarea que se les ha encomendado, no minimicen las preocupaciones y denuncias, y no den motivos para dudar de la eficiencia con que llevan a cabo su misión. De otro modo, será inevitable dar la razón a quienes temen que tras los altisonantes discursos que se hacen en nombre de la Madre Tierra no hay una real vocación ambientalista.

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