VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS

Lo ocurrido en Yacuiba confirma lo urgente que es poner un límite a los actos de quienes ven en la labor periodística un obstáculo para alcanzar sus fines

Una muy fuerte corriente de indignación ha desencadenado en nuestro país, y también en el exterior, el atroz atentado del que fueron víctimas dos trabajadores de Radio Popular de Yacuiba, el pasado lunes, cuando estaban en pleno desarrollo de su labor informativa.

El caso, que ya no puede ser considerado aislado pues se suma a una ya larga cadena de agresiones dirigidas contra periodistas en distintos puntos del territorio nacional, ha adquirido especial notoriedad por la brutalidad con que actuaron los agresores, lo que le ha dado al problema una nueva dimensión, pues puede significar que el país pudiera ser incorporado en la lista de naciones que, como México, Venezuela, Colombia, Brasil o Perú, tienen ya a los crímenes violentos cometidos contra periodistas entre sus más acuciantes problemas.

Es tal la magnitud que durante los últimos tiempos ha adquirido el fenómeno, que hace algo más de dos semanas fue abordado como tema central de las deliberaciones de la 68 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que tuvo lugar en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Los académicos y expertos que fueron convocados para analizar el tema llegaron a la conclusión de que la creciente frecuencia y ferocidad de los actos de violencia que se ejercen contra periodistas en Latinoamérica tiene un impacto intimidatorio en la información y se constituye ya en uno de los principales peligros que se cierne sobre la libertad de prensa y el conjunto de valores sociales en los que se sustenta.

Tales expresiones de alarma no son infundadas ni exageradas si se considera que en México, Honduras y Brasil, en ese orden, ya se cuentan por decenas los casos de periodistas asesinados como consecuencia del impacto que su labor informativa tiene en medio de disputas entre organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, el contrabando y muchas otras actividades delictivas.

Según los más recientes reportes sobre el fenómeno, esa forma de violencia tiende a generalizarse en todos los países de nuestra región y, como se ve, Bolivia desgraciadamente ya no es una excepción, pues todos los indicios conducen a suponer que ha sido precisamente para evitar que la labor informativa de Radio Popular de Yacuiba se interponga en actividades ilegales lo que motivó a sus autores —intelectuales y materiales— a actuar con tanta violencia.

Una segunda característica del fenómeno, según las evaluaciones de la SIP, que coincide con las de otras organizaciones independientes como Reporteros Sin Fronteras o Amnistía Internacional, es que los crímenes contra periodistas suelen quedar en la impunidad porque, por lo general, las autoridades estatales no suelen poner suficiente esmero en las labores investigativas, en los procesos judiciales y en la aplicación de castigos a los autores de las agresiones.

Con esos antecedentes, sólo cabe esperar que en nuestro país se haga cuanto sea necesario, y antes de que sea demasiado tarde, para cortar de raíz las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Y que esta vez no pase algo similar a lo que pasó, también en Yacuiba, en junio de 2008, cuando las instancias estatales no sólo que no contribuyeron en nada a esclarecer el atentado terrorista perpetrado contra Canal 4 de esa ciudad, sino que asumieron un papel franca y abiertamente encubridor del principal sospechoso.

En Portada