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¿A QUIÉN SE PUEDE CREER?

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 19/12/2012


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A juzgar por los elementos de juicio acumulados durante los últimos años, no es difícil distinguir entre la verdad y la impostura

Con una muestra de su compromiso con la búsqueda de la verdad,  una comisión conformada por la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), acompañada de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se internó, a solicitud de las organizaciones indígenas legítimamente constituidas, en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), para verificar si el proceso de consulta organizado por el Gobierno para la construcción de una carretera entre Cochabamba y Beni que atraviese este territorio se realizó “de acuerdo a los estándares de la consulta previa”, y si el procedimiento implementado por el Ejecutivo cumplió con la “concertación” exigida por el Tribunal Constitucional.

El informe que la comisión ha presentado es, evidentemente, lapidario para el Gobierno. Es que confirma que no hubo ningún proceso de concertación, que se utilizó todo tipo de mecanismos para manipular las respuestas, como prebendas, mala información, represalias (como suspensión de servicios de salud), entre los más llamativos.

Pese a todo ese uso ilegítimo de recursos, los resultados fueron categóricos: en 30 comunidades de las 36 visitadas, se rechazó la construcción de la carretera; en tres, se aceptó su construcción, y en otras tres también, pero condicionada “a estudios y cambio de ruta”.

Dos temas más que se deben resaltar del informe es que el acto de cierre de la consulta gubernamental se realizó en Trinidad, es decir, fuera del Tipnis, y que los comunarios están preocupados por el “avasallamiento de los colonizadores en su territorio en caso de construirse la carretera y el miedo de que se amplíe la producción de la hoja de coca con destino al narcotráfico, cuyos desechos químicos pueden contaminar de manera irreversible el agua. Actualmente hay señales de esta contaminación en el Alto Isiboro”.

Las conclusiones son también contundentes: la consulta no se ajusta a los estándares de consulta previa; fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de “libre” y “buena fe”; no se han respetado las normas y procedimientos propios; la consulta giró en torno a la disyuntiva “intangibilidad o desarrollo”, presentando la intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del Tipnis para la subsistencia de las familias indígenas; tampoco se cumplió la condición de “Informada”, porque no se les presentó ningún estudio sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por el medio del Tipnis. El informe confirma, además, que la mayoría de las comunidades visitadas mantienen su rechazo a la construcción de la carretera, “a la que históricamente se opusieron desde los años 90 y como lo manifestaron en la VIII y IX Marcha Indígena”.

Ante estos hallazgos, se comprende la irritada reacción de algunos voceros del oficialismo que, ante su imposibilidad de responder con argumentos, han intentado, como siempre, descalificar a la Iglesia y a la Apdhb. Es que, como ha señalado el Obispo de El Alto, con el informe se “ha metido el dedo en la llaga”.

En fin, no parece difícil responder la pregunta contenida en el título de este editorial.

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