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UNA CONFISCACIÓN INCOHERENTE

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 4/01/2013


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La decisión echa por la borda los esfuerzos que se venían haciendo para proyectar la imagen de un país digno de confianza y atractivo para las inversiones

Una semana después de la sorpresiva decisión presidencial de proceder a la promulgación del Decreto Supremo mediante el que se dispuso la “nacionalización” de las empresas proveedoras de servicios eléctricos Elecropaz (La Paz), Elfeo (Oruro), Compañía Administradora de Empresas S.A. y Empresa de Servicios (Edeser), todas ellas pertenecientes a la española Iberdrola, no ha terminado de despejarse el desconcierto que tal medida causó en ámbitos políticos, empresariales y diplomáticos de nuestro país y del exterior.

Los motivos de la generalizada perplejidad son varios. El principal es el relativo a la absoluta y total falta de correspondencia entre tal disposición gubernamental y los esfuerzos que durante los últimos meses hicieron las autoridades del área económica, respaldadas por un notable despliegue diplomático, para proyectar hacia el mundo la imagen de Bolivia como la de un país digno de confianza, capaz de atraer inversiones externas y brindarles la indispensable seguridad jurídica.

Como se recordará, el fruto de tales esfuerzos fue presentado en octubre pasado cuando el Ministro de Economía y Finanzas Públicas anunció que nuestro país había logrado colocar bonos soberanos por un valor de 500 millones de dólares en los mercados financieros internacionales, lo que con razón fue visto como una costosísima pero magistral operación propagandística más que financiera.

Más recientemente, fue el mismo presidente Evo Morales quien al entrevistarse con su par español, Mariano Rajoy, desplegó sus mejores esfuerzos verbales para dar a entender que siendo el suyo un Gobierno serio, respetaría las inversiones extranjeras en general y españolas en particular. Poco antes, a la reina Sofía, cuya sorpresiva visita a Bolivia habría tenido, entre otros, el propósito de interceder por los capitales ibéricos, le aseguró que el pasado sería pisado y que el futuro sería de armoniosas relaciones.

En el frente interno, la incoherencia no es menor. Más de una vez, durante los últimos meses, como parte de los acercamientos hacia el sector empresarial privado nacional, Morales sostuvo que su política de “nacionalizaciones” estaba dirigida única y exclusivamente a empresas que habiendo sido originalmente del Estado, fueron capitalizadas o privatizadas en la década de los años 90. Tal figura no se adecúa al caso de las distribuidoras de electricidad, pues, desde sus orígenes —hace más de 100 años, como en el caso de Elfec de Cochabamba— éstas fueron privadas y si en algún momento tuvieron participación estatal, fue muy accesoria.

Desde el punto de vista del estricto cálculo pecuniario, la confiscación de las acciones españolas tampoco tiene asidero alguno, pues, como lo han demostrado muchos expertos en la materia, no hay relación entre el costo y el beneficio que reportará la medida. Sólo por concepto de indemnización, el Estado deberá erogar varias decenas de millones de dólares, montos que habrían sido mejor invertidos si se los destinaba al fortalecimiento de la red de empresas rurales, por ejemplo.

Por lo anterior, y dados los antecedentes del caso, todo parece indicar que más que a un bien meditado plan de acción gubernamental, la medida que comentamos es sólo una muestra más de un alarmante extravío gubernamental.

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