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NUEVA DERROTA

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 16/05/2013


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Cuando más se necesita el respaldo del mayor número de países, es un grave error alinearse con posiciones que sólo pueden lograr el efecto contrario

Los afanes hegemonistas de los gobiernos alineados al denominado “socialismo del siglo XXI”, afiliados a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han sufrido un nuevo traspié en la reunión de los representantes de los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que se ha realizado el martes en Tiquipaya.

Cabe recordar que los países de la ALBA, dirigidos por el Gobierno ecuatoriano, buscan someter al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que funciona con autonomía bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), a los intereses de los gobiernos de turno, a través, sobre todo, de limitar las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría de Libertad de Prensa. Asimismo, impedir que estas instancias puedan percibir apoyo económico al margen de los países del pacto, de manera que la presión económica se convierta en un instrumento más de control.

Una de los maquillajes de esta arremetida autoritaria es trasladar la sede de dicha Comisión de Washington, pues EEUU no es país signatario de la Convención.

Esta permanente agresión, que se remonta a hace por lo menos dos años, es consecuencia de las acciones que han tomado la CIDH y la Relatoría de Libertad de Prensa sobre las agresiones de los gobiernos de varios países  a los derechos humanos, particular, pero no únicamente, en varios países de la ALBA. Obviamente, sus gobiernos han reaccionado como cualquier régimen autoritario: buscar eliminar a quien investiga y no suspender los hostigamientos. Felizmente la mayoría de los gobiernos de los países signatarios de la Convención respalda al sistema de derechos humanos, sin dejar de proponer reformas dirigidas a mejorar el cumplimiento de sus funciones y no a limitarlas.

 Pese a esa contundente mayoría y para evitar que algunos de los países de la ALBA abandonen la Convención, se ha dado espacio a debatir reformas, pero se ha ratificado, felizmente, la esencia de la misión del sistema actual de derechos humanos.

Con ello, una vez más han fracasado los países en su intento de eliminar estos espacios de defensa de derechos humanos, extremo que se comprueba con la presencia de sólo cuatro cancilleres (de los 23 países signatarios) en el encuentro de Tiquipaya y en que la Declaración de Cochabamba no agrega casi nada a la aprobada en Guayaquil, el pasado mes de marzo.

En lo que toca al país, lamentablemente ha imperado una posición incongruente que parece responder más a simplistas visiones ideológicas y pataletas circunstanciales. En momentos en que impulsamos un proceso jurídico de la complejidad que tiene la demanda interpuesta ante La Haya para obligar a dialogar a Chile para romper nuestro enclaustramiento marítimo, y necesitamos una militante adhesión internacional, el Gobierno se alinea en posiciones autoritarias retrógradas en un tema de elevada sensibilidad: la defensa de los derechos humanos.

En todo caso, es de esperar que, pese a las arremetidas que seguramente continuarán dando los países de la ALBA al sistema de derechos humanos, la mayoría de los países de las Américas mantenga la decisión de defenderlos a rajatabla.

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