La crisis del Poder Judicial

Mucha agua corrió bajo el puente desde que en Bolivia se produjo el derrumbe de la institucionalidad del Poder Judicial, cuya cúpula está virtualmente desmantelada como podría ocurrir durante la más aviesa de las dictaduras.

En los hechos, sucumbieron ante los duros embates desde la injerencia del Poder Ejecutivo y la sistemática persecución de los magistrados y otros integrantes de dichos organismos hasta hacerles levantar las manos, con una que otra “heroica” excepción.

Es así que el Tribunal Constitucional no tiene ni un solo miembro, mientras que la Corte Suprema funciona con un quórum mínimo de siete ministros, en tanto que a su Presidente se le sigue en el Congreso un juicio por supuesta retardación de justicia en el caso de “octubre negro”. Bajo presión o porque les redujeron sus salarios hasta niveles simplemente inaceptables, también dejaron sus cargos los componentes del Consejo de la Judicatura.

Ante la virtual desinstitucionalización de sus principales entes y el consiguiente panorama para la administración de justicia boliviana y la preservación de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recomendó al Gobierno avanzar en el nombramiento de las autoridades judiciales y el funcionamiento de las instituciones en ese ámbito.

El Gobierno, a través de algunos de sus representantes, manifestó que dicho nombramiento se verificará en el marco de la cuestionada nueva Constitución Política, la que establece que los magistrados y miembros del ahora denominado “Órgano Judicial Plurinacional” serán elegidos por voto directo y popular en un proceso que podría durar al menos un año. Cabe hacer notar que en los dos años de virtual paralización de sus actividades, el control constitucional lleva acumuladas más de 5.000 causas, lo que representa un perjuicio para más de 30 mil ciudadanos que por allí andan sin saber a dónde apelar.

Con uno de sus principales poderes socavado y, en consecuencia, sumergido en una prolongada crisis, el panorama es preocupante. Aquí, como en cualquier parte del mundo, la administración de justicia y de los derechos humanos requiere de organismos y funcionarios idóneos, confiables e independientes.

La justicia, su ejercicio, su administración en términos cabales, es cosa que merece excepcional atención. No se la puede aceptar bogando en aguas turbulentas porque terminará comprometiendo la naturaleza del propio Estado, por muy plurinacional que se lo conciba.

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