Acceso a la información

Va recobrando intensidad la campaña, esta vez patrocinada por la ANP para que se elabore una ley de acceso a la información pública, como un instrumento que, por un lado, garantice el derecho ciudadano a conocer la gestión de la administración pública y, por el otro, ayude a que el principio de la transparencia en el manejo de la cosa pública sea una realidad.

No hay que olvidar que el secreto es una extraordinaria fuente de poder. Entre otros argumentos, es posible señalar que la mala relación que existe entre los representantes de “el poder” –cualquiera sea su naturaleza: política, económica, social, cultural, sindical, etc.-- y los operadores de la comunicación se debe, en gran medida, a que mientras los primeros buscan limitar la difusión de información, los segundos tienen la misión de develar todo secreto sobre temas que afectan al bien común.

En ese escenario es que la campaña para que se promulgue una ley de acceso a la información pública no sólo corresponde a los periodistas y medios de comunicación, sino que debe ser la sociedad en su conjunto la que la exija. Hay que tomar en cuenta, además, que está en vigencia un decreto supremo, promulgado en la gestión de Carlos Mesa, que es un excelente insumo para la elaboración de la ley propiamente dicha. 

Conviene reiterar que de lo que se trata es que la ciudadanía tenga acceso a la información pública que considere pertinente y el servidor público sepa que sus actos pueden ser sometidos a escrutinio en cualquier momento. Por esa relación no sólo que se contará con una población mejor informada, sino que también podría ponerse límites objetivos a las posibilidad de realizar actos de corrupción.

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