Baltazar Garzón

Ha conmocionado en varios ámbitos y países la decisión del Tribunal Supremo de España de condenar a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por, presuntamente, haber violado derechos fundamentales de dos delincuentes vinculados con el Partido Popular, hoy en el gobierno, al autorizar que se escuche la charla de estos con sus abogados.

Se trata, de acuerdo a varios entendidos, de una sentencia que tiene un innegable sabor a revancha política y profesional. Y es que Garzón, probablemente traspasando los umbrales de la prudencia, fue, además de ser un juez especializado en investigar casos de violación de derechos humanos, muy amigo de la publicidad en exceso, lo que generó muchos anticuerpos.

Garzón ha sido un personaje particularmente querido y admirado en América Latina por su actuación frente a los dictadores que asolaron la región en las duras décadas de los 60 y 70. De hecho, fue por su actuación que el exdictador Augusto Pinochet tuvo que enfrentar un largo proceso jurídico en Gran Bretaña, al cabo del cual y al retorno a su país, tuvo que responder a varias querellas en contra suya.

Ahora, Garzón sufre los avatares de la intromisión de la política en la justicia, porque además del proceso por el caso que motivó la sentencia que se comenta, enfrenta dos procesos más, siendo uno paradigmático: por haber impulsado procesos para sancionar los crímenes en la era franquista.

Habrá que seguir el curso de estas actuaciones no sólo como un principio de solidaridad, sino para convencernos de que el cuidado del Estado de Derecho es un trabajo cotidiano… incluso en sistemas democráticos aparentemente consolidados.

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