Un Gobierno que rechaza al Estado

La presión que ejerce la Ministra de Comunicación para que la creación de un fondo con el aporte de hasta un 1 por ciento de los ingresos brutos generados anualmente por las empresas periodísticas para contratar un seguro de vida para los trabajadores de medios y que estén sindicalizados, parece responder no tanto a lograr un beneficio para los trabajadores cuanto afectar la vida económico-financiera de las empresas y contar con recursos de magnitud de virtual libre disponibilidad.

De nada han valido los argumentos presentados para modificar el proyecto de ley por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y muchos representantes legítimos de periodistas, buscando que el beneficio sea tal y accesible y no dirigido a crear una instancia burocrática como la propuesta en el proyecto de ley, conformada por seis representantes del Gobierno (incluyendo a quien lo presida, que será el Ministro/a de Comunicación), tres representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa, dos representantes de propietarios de medios de comunicación (que son los que mantienen el fondo), más dos representantes de federaciones departamentales de la prensa con carácter rotatorio y en calidad de observadores.

Pero, ahora hay más. Al seguro de vida se han agregado los seguros “contra accidentes y enfermedades”, lo que equivale, en los hechos, a que la Ministra reconoce que los servicios que el Estado debe dar a los ciudadanos a través del nuevo sistema de seguridad social y las cajas de salud no funcionan, y se requiere un seguro privado adicional.

Esto permite concluir que la presunta buena intención de la propuesta es, no más, eso... y que, además, ayuda a alcanzar otros que son sus verdaderos objetivos.

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