Fiscal General

Es una buena noticia la convocatoria para elegir al nuevo Fiscal General del Estado que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), es la máxima autoridad del Misterio Público y debe ser designado “por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional” (Art. 227/I). Cumplido este procedimiento, terminará un largo período de interinatos que mucho mal le ha hecho a la entidad.

Es que si bien siempre hubo cuestionamientos contra el Ministerio Público por su tendencia a subordinarse ante el poder político, en los últimos años ésta ha sido extrema, al punto que en muchos ámbitos se afirma que ha sido convertido en un instrumento de represión política, antes que de defensa de la sociedad.

Es de esperar que con la elección constitucional de la nueva autoridad se revierta esa situación, lo que será posible  siempre y cuando las autoridades y los dirigente del MAS comprendan que es más ventajoso para el país y su propio proyecto en el largo plazo contar con un sistema judicial y un Ministerio Público independientes, con personal que se ciña a lo que norman la Constitución y las leyes, de manera que puedan garantizar eficientemente la pacífica convivencia ciudadana.

Además, y como se ha señalado en forma permanente, el MAS tiene esa deuda con el país y bien haría en saldarla al momento de elegir a quien será responsable de la entidad que debe defender la “legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública” y deberá ejercer sus funciones “de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía” (CPE, Art. 225/I y II), hoy abandonados por intereses sectarios.

En Portada