Racismo y abuso de poder

Durante los últimos días, como si de una consigna oficial se tratara, las fuerzas oficialistas han desencadenado una implacable ofensiva contra personas que han emitido opiniones que no han sido del agrado de quienes ejercen el poder desde las más altas cúpulas de la jerarquía institucional de nuestro país.

En todos los casos, y seguramente por haber sido imposible hallar mejor argumento que las sostenga, las acusaciones se han hecho apelando a la lucha contra el racismo y la discriminación.

De todos los casos, probablemente el más notable, porque ilustra los extremos de absurdo a los que puede llegar la retorcida manera de razonar de muchas autoridades, es el de la diputada Adriana Gil, cuyas críticas al Presidente del Estado son atribuidas a un supuesto espíritu discriminador. “Desleal” y “mentiroso” son los términos que según el presidente del Comité de Lucha Contra el Racismo y viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, hacen que la diputada Gil sea merecedora de un castigo ejemplar.

Si el asunto quedara sólo en el plano de las amenazas, como en muchos otros casos, podría ser visto sólo como una anécdota más. Pero la posibilidad de que Gil sea privada de su condición de diputada, aunque sea sólo temporalmente, no puede dejar de alarmar y activar los instrumentos de defensa de los derechos básicos de las personas, pues se constituye en un inadmisible abuso de poder que atentaría en contra de la propia Constitución y confirmaría nuevamente que no eran infundados ni exagerados los temores sobre las verdaderas intenciones que inspiraron a quienes elaboraron y promovieron la aplicación de la Ley contra el racismo y la discriminación.

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