El Estado versus los “chuteros”

Hace algo más de dos semanas, cuando el 9 de octubre se puso en marcha en Challapata un operativo para tomar el control de la zona y desarticular las redes de contrabandistas que importan y venden autos “chutos”, quedó claro que el Gobierno estaba inaugurando una nueva fase de un conflicto del que no le sería nada fácil salir.

Es de suponer que al dar tan arriesgado paso, las autoridades gubernamentales estaban conscientes de las consecuencias que traería su decisión, de lo difícil que sería lidiar con ellas y de lo gravísimo que sería dar marcha atrás y muestras de debilidad. Así se explica la firmeza con que la Presidenta de la ANB, como corresponde, no da tregua a los contrabandistas e insiste en seguir avanzando en la misma dirección.

Pero, no es menor la tenacidad con que los contrabandistas defienden su negocio. Tal es así que ya se han organizado en una “Asociación de Propietarios de Autos Indocumentados”, en la que participan como principales impulsores connotados dirigentes de los “movimientos sociales” que constituyen la base del apoyo popular al Gobierno actual.

El asunto se complica si se considera que poblaciones como Chimoré o Ivirgarzama, núcleos de la actividad de los productores de coca, están tan o más involucradas como Challapata en el negocio sin que autoridad alguna se haya atrevido hasta ahora a proceder ahí con el mismo rigor.

Así las cosas, sólo queda esperar que el Gobierno persevere en su afán de restablecer el principio de autoridad en los “territorios libres” donde campean las actividades ilegales y no se someta a la voluntad de esos grupos como ya ha sucedido en algunas oportunidades.

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