El incremento salarial, más cerca de la política que de la economía

26/04/2017

En los últimos años el incremento salarial se definió en reuniones entre la cúpula dirigencial de la Central Obrera Boliviana (COB) y el presidente Evo Morales, llegando a determinar aumentos bajo acuerdos y presiones políticas; además dejando de lado los argumentos económicos y técnicos, concordaron los analistas Pedro Vacaflor, Alberto Bonadona y Gary Rodríguez.

Esto ha producido que el sector empresarial formal, aquel que paga impuestos y genera fuentes de trabajo estables, con seguro social y AFP, termine migrando a la informalidad, reduzca su personal o limite nuevas contrataciones, como consecuencia el crecimiento del trabajo precario, con bajos sueldos y sin seguridad laboral ni social.

“El incremento se ha vuelto una charla política, un arreglo en el que dicen ‘que sea 5 o 6 por ciento’, ‘que corresponda al aumento de precios’, o un poco más o menos, esto se vuelve una charla insulsa que por lo general acaba con la complacencia de los dirigentes de la COB pero no de los trabajadores”, dijo Bonadona.

Para el experto, el incremento salarial debería incluir en el diálogo a los empresarios privados – alejados del debate por el presidente  Morales desde hace siete años, a petición de la COB- y determinar el aumento en base a criterios de productividad,  la realidad económica de los diferentes sectores empresariales y la de cada región del país.

Incremento salarial e inflación entre 1987 y 2016. (Los años 1989 - 1991 no tienen datos y entre 1992 y 2002 el incremento fue proporcional)

“No es la misma realidad para el empresariado de Cochabamba o el de Santa Cruz. Tampoco es lo mismo trabajar en minería, o en petróleo, donde hubo una fuerte caída de precios, o trabajar en comercio. Cada sector crece diferenciadamente, otros no crecen y otros decrecen, y eso se debe tomar en cuenta”, dijo.

En la misma línea Pedro Vacaflor señaló que lo “ideal” sería que el incremento se defina solo entre empleadores y trabajadores, según la capacidad de cada empresa, y que el Gobierno sea solo un mediador.

“Pero lo que pasa ahora es una imposición que no tiene lógica, es un poco irracional, porque los dos sectores involucrados son los empresarios y trabajadores, no hay uno sin el otro, sin embargo uno de ellos no participa”, aseveró.

Empero entre 1986 y hasta la llegada de Morales al poder los incrementos se negociaban así, entre obreros y empresarios. El Estado solo determinaba el aumento para el sector público (maestros, salud, FFAA, Policía, funcionarios públicos, etc) y dejaba al sector privado que se negocie el aumento en base al artículo 62 del polémico Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985, promulgado por Víctor Paz Estensoro bajo la frase de “Bolivia se nos muere”.

La norma, que determinaba la libre contratación y la apertura de Bolivia al libre mercado, marcó 20 años de neoliberalismo en el país, hasta que fue derogada en 2011.

Crecimiento del Salario Mínimo Nacional entre 1986 y 2016.

Si bien la cumbre social organizada en enero de 2012 por el Gobierno estableció que haya una negociación tripartita para definir el incremento, la COB rechazó esta decisión y se retiró de las mesas de diálogo argumentando que los trabajadores “nada tienen que negociar con los empresarios” porque ellos “no velan por los bolsillos de los obreros”. En adelante los empresarios no participaron en el debate salarial.

Para el economista y gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, esto genera un gran problema. 

“Los trabajadores presionan al Gobierno por un desmesurado incremento salarial mientras que los empleadores, los que arriesgan y se sacrifican invirtiendo para hacer empresa en el país, son ignorados olímpicamente de la discusión”, dijo Rodríguez al respecto.

¿Qué problemas trae un incremento desmesurado? La preocupación es la de siempre, señala Rodríguez: todo incremento salarial sin una mejora de la productividad, de la mano de obra o de la competitividad sistémica derivada de políticas públicas, implicará mayores costos de producción, una carga adicional que si bien el empresariado formal pudo sobrellevar durante el auge, no podrá ahora a la luz de lo visto el 2015 y 2016 con la desaceleración económica y precios bajos, sin garantía de mercados, sea el interno -que se pierde por la crecida de las importaciones alentadas por un dólar artificialmente barato- o el mercado externo, que se desaprovecha por los cupos a las exportaciones.

Esto significa una baja de utilidades, en las empresas que aún ganen; una merma de su inversión, en las que todavía pueden; el aumento de deudas, en aquellas que ya están en problemas; recortar personal -en la mayoría- sin descartar un posible cierre. “El problema es que el incremento salarial no solo implica un mayor sueldo mensual, sino una vorágine de subidas de beneficios sociales, previsiones, etc.”, apuntó.

Sin embargo, los dirigentes de los trabajadores aseguran que en realidad no hay ningún incremento salarial, sino una reposición del valor adquisitivo perdido en la gestión anterior por la subida de los precios de la canasta familiar.

El principal dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Ángel Camacho, explicó que el incremento se define en base a la inflación acumulada, un dato que oficializa el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada dos meses a partir del Índice de Precios del Consumidor (IPC), y que sirve como parámetro para saber cuánto han subido los productos en el mercado. En 2016 la inflación es de 4,2 por ciento.

“Lo que creemos es que se debe congelar los precios de la canasta familiar para poder negociar el incremento, porque los trabajadores nunca hemos tenido un incremento salarial, solo reposiciones. Me refiero a que se debe analizar los precios de los mercados y ver la diferencia de precios con los mercados populares, y controlar que no haya sobreprecios”, dijo.

El IPC del INE tiene una canasta de 364 productos, una base que data de 2007. La recomendación internacional es que la canasta se actualice cada cinco años, pero esta sigue vigente.

La propuesta de la COB es un salario de 8.309 bolivianos en base a una canasta familiar de 42 productos que incluyen los ítems de alimentación, vestimenta, educación y vivienda. El Gobierno y los empresarios la rechazaron porque inflacionaría el mercado y llevaría a la quiebra a los privados.

El Gobierno no ha difundido aún cuál es la canasta básica familiar que propone para definir el incremento. El INE trabaja en una propuesta de canasta desde 2013.

Sobre el Salario Mínimo, Bonadona también señaló que se trata de “una definición política, que cada año se va movilizando y sirve para mostrar que el gobierno está preocupado por una mejor distribución de las riquezas”

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, llamó la atención sobre el “sistema complejo y poco visible” que se activa con cualquier cambio en el salario básico y en el mínimo, incidiendo en primas, bonos y beneficios legales, que incrementan la presión salarial sobre el empleador, “afectando, en conjunto, la propia sostenibilidad de las empresas”.

En entrevista con EFE el dirigente empresarial dijo que un incremento no consensuado podría generar “situaciones muy difíciles que acrecentarán la precarización del trabajo, la inestabilidad de las empresas y la informalidad”

Enfatizó que el aumento salarial debe ser el resultado del análisis de la inflación y el crecimiento, pero también de variables como la productividad, las perspectivas de las empresas en un entorno de desaceleración y de factores que permitan al sector privado y el Estado mantenerlo, sin poner en riesgo la estabilidad. 

“Es evidente que ninguna de estas variables se ha considerado para plantear la cifra de incremento, tanto del salario mínimo como del salario básico”, sostuvo el líder empresarial.

Sin embargo los analistas Bonadona y Vacaflor aseguraron que en realidad cualquier incremento salarial beneficiará solo a un rango de entre 15 o 30 por ciento de la población, porque solo ese porcentaje de trabajadores tiene una fuente laboral en el sistema formal – empresarios y Estado-, el resto, entre el 70 y 85 por ciento de la población, trabaja en la informalidad, esporádicamente o no trabaja.

“El conjunto mayoritario de los trabajadores de Bolivia no van a tener un beneficio, eso es porque no se hace un planteamiento integral del salario desde el punto de vista de la producción”, dijo Bonadona.

Este escenario preocupa de sobremanera al empresariado boliviano y al mismo Estado, que tiene que afrontar una época de vacas flacas debido a la baja de los precios del petróleo y sus derivados, de los minerales y de las materias primas en general, principales ingresos del país. Esta nueva realidad dista mucho de los años 2011 a 2015, cuando las exportaciones rompieron récords históricos.

Por: NELSON PEREDO
Fotos: Agencias