Sin embargo, el informe solo emite recomendaciones para que sean analizadas en otras instancias. Si el caso tiene que ver con consecuencias severas, como la muerte del paciente, la auditoría se lleva a instancias penales para abrir un proceso judicial, o también se puede recurrir al Colegio Médico para que su reglamento interponga las sanciones respectivas.

De acuerdo al Estatuto Orgánico y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia, las sanciones van de acuerdo a la gravedad de la falla y las infracciones pueden ser disciplinarias, las que no significan la pérdida de ningún derecho.

Según el grado de responsabilidad se podrán establecer amonestaciones que van desde la oral privada, pasando por la amonestación escrita pública, hasta la suspensión temporal del ejercicio profesional por el lapso de cinco años.

En caso de llevar al orden público, las sanciones son las que impone el código penal que pueden ser la prisión, reclusión, multa.

Víctor Hugo Llanos, representante del Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica en Bolivia, indica que existen muchos que deberían llegar a la instancia de una auditoría, pero que el dolor y desconocimiento de las víctimas no permiten que lleguen a estas instancias.

“En ese momento las víctimas y los familiares se inmovilizan, no saben si tomar una decisión radical de realizar una denuncia”, manifiesta Llanos.

Por su parte, Edgar Fernández, presidente del Colegió de Médicos de Cochabamba, indica que la mayoría de las denuncias que son presentadas en el Sedes son relacionadas a temas más administrativos y que los casos propiamente de una mala práctica médica son escasos.

“El problema es evidenciar un caso de mala praxis, solo hay denuncias y utilizan una terminología que no es adecuada acusando de negligencia, sin tener los argumentos. Para esto tiene que haber una auditoría”, manifiesta Fernández.  

Asimismo, afirma que El Tribunal de Ética Profesional de esta institución, en lo que va de su gestión, no ha comprobado ninguna denuncia de mala práctica médica. 

Acumulación de denuncias y pocos dictámenes  

El Sedes de Cochabamba es el único departamento que cuenta con dos auditores médicos calificados para atender todas las denuncias que llegan a esta instancia.

Desde enero hasta septiembre de este año, la Unidad de Autoría ha procesado 25 denuncias de casos referentes a mala práctica médica. Asimismo, ya se han realizado siete auditorías concluidas donde se estableció un dictamen.

La unidad, de acuerdo a su Plan Operativo Anual, tiene una capacidad de realizar 10 a 11 auditorías por año. “Esto responde a la normativa y según la cantidad de auditores, o sea no se puede ampliar ni acortar”, explica  Arispe.

El funcionario explica que la demanda de solicitudes de auditorías son muy altas, existen aproximadamente 100 solicitudes que están en espera  desde el 2007. “No se va a poder concluir al menos con lo que piden este año. Y todavía se tienen procesos acumulados de anteriores gestiones”.

Los casos que llegan a esta instancia tienen que ver con muerte de pacientes, de complicaciones, de lesiones graves y gravísimas. Los casos que se priorizan son las solicitudes de investigación del Ministerio de Salud y del Ministerio Público.  

Este gráfico muestra los criterios del Manual de Auditoría:. 

Reportes y casos sobre la mala práctica médica

En los últimos 25 años, el Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica en Bolivia ha registrado 5.000 casos de presunta negligencia médica o mala praxis en el país, algo así de 200 por año. Asimismo, esta instancia también indica que cada semana en Bolivia hay tres denuncias de muertes o lesiones  de pacientes por mala praxis de galenos.

“Es un fenómeno que se está comenzando a clarificar”, indica el presidente del Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica. El representante afirma que los casos de mala praxis son numerosos y la evidencia puede ser corroborada fácilmente por la información que es difundida en la prensa.

Casos como el de Bernardina Mostacedo, quien falleció el pasado mes en Santa Cruz tras una cirugía estética, o el caso del futbolista de Oriente Petrolero, Paúl Burton Salvatierra, que sufrió muerte cerebral después de una intervención de hernia de disco.

El detalle de estos casos en un gráfico interactivo:

“Lamentablemente estos casos son recurrentes. Pero ya hemos logrado algunos avances para concientizar a la ciudadanía y se produzcan sanciones a los médicos y asuman sus responsabilidades”, añade Llanos.

 A nivel mundial, el riesgo de morir por causa de un error médico es de 1 en 300. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 pacientes resulta afectado por algún error médico.

Los profesionales en medicina discrepan de estos datos. El presidente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes), Carlos Nava, indicó que dentro del actuar profesional médico pueden suscitarse errores, pero que la población tiende a relacionarlo erróneamente con casos de negligencia. Se refirió por ejemplo a la situación de Mariela Ruiz, de 24 años, que dio a luz a su tercer hijo en una banca aledaña al centro de salud Sarcobamba, en Cochabamba, donde le informaron que no tenían el equipo necesario para atenderla.

“No hubo un acto premeditado  de provocar este error que fue causa de la impericia del médico”, explica Nava.

“Ningún médico en su formación académica está instruido para cometer dolo por negligencia médica”, añade.  

El presidente del Sirmes indica que la mayor cantidad de casos que se dan con este tipo de situaciones tiene que ver con impericias o errores médicos que no tienen nada que ver con actos negligentes propiamente dichos.

Asimismo, asegura que el porcentaje de los errores es mínimo y los mismos no conllevan a daños de magnitud para el paciente. Estima que de cada 100 procedimientos, dos pueden estar sujetos a un tipo de error.  

Médicos piden que no se les criminalice

Representantes de los galenos indican que existe un intento de criminalizar el actuar médico a través de una ley contra la negligencia o la inclusión de la mala práctica en la reforma del código penal.

El presidente del Sirmes manifiesta que las autoridades no tienen en cuenta que los médicos no son los únicos protagonistas y que este servicio tiene que ver con todo un proceso.

“Están pretendiendo penalizar y criminalizar el acto médico. Porque el Gobierno no cumple a cabalidad su responsabilidad que la Constitución establece”, añade Nava.  

Nava enfatiza que para que exista una atención de calidad es necesario contar con los suficientes recursos para brindar un correcto servicio y que se quiere tapar las falencias del Estado.

“Cuando un médico está expuesto a fatigantes horas de trabajo atendiendo a pacientes fuera de sus limitaciones, es más fácil que se puedan cometer errores o impericias”, expresa Nava.

Por su parte el presidente del Colegio de Médico de Cochabamba indica que para que exista menos errores se deben subsanar  falencias administrativas, relacionados a la infraestructura y recursos, y también el  ofrecimiento de facilidades para el perfeccionamiento de los médicos. “Si estás dos áreas serían atendidas, los errores médicos serían mínimos”, asegura Fernández.