[ANUARIO] El caso Mochilas, la crisis municipal que golpeó a la Alcaldía

25/12/2018

Jessica Vargas

"No tenemos nada que ocultar. Tenemos la frente en alto y las manos limpias", decía el Alcalde José María Leyes el 12 de abril de abril, arropoado por secretarias y secretarios, directores y concejales, que habían visto el inicio de la mayor crisis municipal por la denuncia de irregularidades en la contratación de mochilas escolares.

El 20 de abril la aprehensión de la autoridad marcó la gestión municipal y la jornada de sus seguidores que esperaron la audiencia y lo acompañaron a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

La Alcaldía adjudicó la compra de 91 mil morrales por 12, 7 millones de bolivianos para la gestión 2018 con un presunto sobreprecio y con los logotipos ya estampados, plasmadas en una denuncia de la concejal Rocio Molina  que fue observada y que derivó finalmente en la detención preventiva de Leyes y un proceso de investigación cada vez más amplio.

Leyes y los representantes de la empresa fueron denunciados por contratos lesivos al Estado y otros delitos. Pero, ¿Cúales fueron las versiones a lo largo del caso y cuan ciertas resultaron?

 

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A partir de la detención del Alcalde, la investigación se abrió primero entorno a las declaraciones de los testigos y posibles implicados que relacionaros al entorno del Alcalde. Posteriormente se reveló el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que mostro los giros de dinero y los viajes de los principales actores.

En el informe se encontraban las transacciones de la Asociación Accidental 26 de Febrero, formada por las empresas Mane Comp y MSPC que fue la importadora y proveedora de mochilas el 2017 y 2018. Los importadores Juan de Dios Morales y María René Ramirez además eran provedores de cemento asfáltico para el municipio desde 2015.

En el caso Mochilas I el alcalde permaneció con detención domiciliaria hasta noviembre cuando se le concedieron medidas sustitutivas. Pudo retornar a la silla edil, cambió personal, emitió decretos ediles, pero el cargo solo le duró un día tras la nueva medida que se impuso por el caso Mochilas II.

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Mochilas II

El 6 de junio la Fiscalía Anticorrupción emitió una orden de aprehensión para el alcalde José María Leyes tras su declaración por el caso mochilas II.

La denuncia en este caso fue presentada por el Viceministerio de Transparencia después de que se identificara que la misma empresa ganó la adjudicación de Mochilas el 2017 y el 2018.  Además entorno se reveló la presurnta organización de funcionarios municipales y el entorno de José María Leyes por el que se inició un nuevo proceso penal.

El 27 de abril de 2018, el exdirector de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cercado, Marcos Andrés Cuevas, declaró ante la Fiscalía.

El funcionario público hace referencia a la participación de José Miguel Padilla y la “Number One” (Claudia Leyes), a quienes se las habría visto “armando” las mochilas escolares que  fueron entregadas la pasada gestión.

Tras el retraso de la audiencia de medidas cautelares finalmente se llevó a cabo el 29 de noviembre. El  alcalde Leyes fue enviado al penal de San Antonio por los riesgos de obstaculización para la investigación del caso Mochilas II y la probabilidad de autoría.

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Nuevas denuncias

El alcalde José María Leyes llegó a enfrentar cinco denuncias que se sumaron a los casos Mochilas I, Mochilas II: cámaras de seguridad, desayuno escolar, compra de seguros, informe de la Unidad de Investigaciones Financieras y la presunta red de corrupción.

Sin embargo una nueva surgió el 7 de noviembre cuando el concejal de Demócratas de Colcapirhua, David Suárez presenta la denuncia contra el Alcalde, José María Leyes por presunta estafa. Suárez asegura que prestó 1,3 millones de bolivianos a Leyes, José Miguel Padilla y el cuñado de este Eduardo Udaeta para la compra de asfalto.

Semanas después el concejal Edgar Gainza se vio implicado después de ser interceptado al recibir 20 mil bolivianos para "agilizar" el pago de 20 bolivianos de la deunda del alcalde Leyes.

Finalmente el caso Mochilas III contra él y 11 funcionarios se abrió a las semanas de que la autoridad edil ingrese al penal de San Antonio. La denuncia en este caso fue interpuesta por la Contrloría por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en la adquisición de mochilas escolares el 2016.