¿Corrupción “cero” o persecución política?

Antes de abril de 2010, la censura pública y la presión social sirvieron para destituir a 80 autoridades municipales por presunta corrupción. Después de la elección de abril, la acusación formal se utilizó contra ocho alcaldes opositores y se mantuvo la presión social, para los oficialistas.

Seis alcaldes masistas fueron destituidos por la presión de  afines al MAS y otros nueve, sólo de Santa Cruz, están con problemas por su mala gestión. Analistas dicen que “el Gobierno está tomando su propia medicina”.

El presidente Evo Morales calificó de “golpe de Estado a la Alcaldía” estas presiones, a propósito de la destitución del alcalde de Yapacaní, David Carvajal, en noviembre de 2011. "El pueblo sabe que por la nueva Constitución no se pueden cambiar fácilmente a los alcaldes electos, está el revocatorio. Si alguien quiere sacar a un alcalde, tiene que hacer un proceso en la justicia boliviana y existir sentencia ejecutoriada”, dijo.

Para el expresidente del Senado y actual responsable de relaciones internacionales de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, estas declaraciones de Morales demuestran la impostura del Gobierno y el acomodo de las normas a sus intereses, pues cuando un alcalde del MAS, al que él designó, es tumbado por otros del MAS por un descontrol interno, es “golpe” y se acuerda que hay que respetar la Constitución y las leyes, el derecho a la defensa y existir una sentencia ejecutoria, lo que no práctica con los opositores.

“Con los opositores se ha puesto en práctica una persecución sistemática, que busca impedir que las autoridades electas hagan una buena gestión y cortar esos liderazgos. En Santa Cruz, en el caso del gobernador Rubén Costas, para que las acusaciones existentes en su contra le quiten el menor tiempo posible, se ha dejado en manos de los abogados, mientras el sigue trabajando”, dijo Ortiz, contra quien también se presentó una imputación por un pago irregular autorizado cuando era presidente del Senado nacional.

Según el analista político, Iván Arias, los slogans del Gobierno de “corrupción cero” fueron muy atractivos y mucha gente incauta cayó, pues quien no quiere que no haya corrupción y exista justicia, pero han pasado seis años y la corrupción sigue campeando dentro del Gobierno, como lo reconoció el presidente Morales en más de una oportunidad.

"Esto no es una persecución política, cualquier denuncia lo utilizan para decir que es persecución política. Hay hechos de corrupción que han merecido una imputación", refutó el viceministro de Justicia Nelson Cox, en referencia a las denuncias de los opositores.No hay opositor sin juicio

Las acciones “anticorrupción” del Gobierno, a través del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, han apuntado a todas las figuras visibles de la oposición, de manera que no hay uno que no esté siendo investigado o esté afrontando procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción. El Gobierno niega que sólo sean opositores y asegura que también hay del MAS.

Están el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que tiene 14 denuncias en su contra; el de Beni, Ernesto Suárez, con 16; el de Tarija, Mario Cossío, tiene al menos 54 denuncias. Los alcaldes: Luis Revilla, de La Paz, tiene ocho; Óscar Montes, de Tarija, tiene 15 denuncias, la alcaldesa de Oruro, Rocío Pimentel, tiene más de dos denuncias, entre algunas de las autoridades electas.

Muchos diputados y senadores opositores también tienen denuncias, al igual que varios líderes políticos opositores: Juan del Granado (MSM), Samuel Doria Medina (UN), René Joaquino (AS) y Jorge Tuto Quiroga (ex Podemos). En la misma situación, se encuentran exdirigentes cívicos y empresarios.

“Nosotros como opositores vivimos un constante acoso y persecución, desde antes de que estemos en función de Senador, como líder cívico, y ahora que formamos parte del Legislativo. En mi caso balearon mi casa, hubo un acoso terrible por teléfono a mí y mi familia”, sostiene el senador opositor Germán Antelo.

Con su caso, el senador de Convergencia Nacional (CN) ejemplificó la actitud persecutoria del MAS. Considera que en el primer Gobierno del MAS esa persecución estuvo dirigida contra exautoridades y líderes regionales, y en este segundo mandato, contra las autoridades electas opositoras. F

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