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Ed. Impresa Dudas | La improvisación fue uno de los mayores cuestionamientos

Corrupción en YPFB afecta industrialización del gas

Por Ma­ría Ju­lia Oso­rio M. - Los Tiempos - 28/12/2012


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CONSTRUCCIÓN | Inspección a la planta separadora de líquidos en Río Grande. - El De­ber | Agencia

CONSTRUCCIÓN | Inspección a la planta separadora de líquidos en Río Grande. - El De­ber | Agencia

“Como resultado de la demanda del pueblo boliviano, empiezan hoy las obras físicas en Río Grande con el desmonte. Tenemos un plazo, hasta el mes de diciembre de 2012, para poner en marcha esta planta; no podemos postergar ninguno de los plazos y cronograma previstos porque afectaría nuestro plan de industrialización”, dijo el presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, el 6 de septiembre de 2011.

No imaginaba que menos de un año después, un nuevo escándalo de corrupción sacudiría a la estatal petrolera. El detonante fue el choque del vehículo en el que iba el entonces gerente de las Plantas de Separación de Líquidos, Gerson Rojas.

Villegas lo denunció y destituyó bajo el argumento de que Rojas viajaba en un vehículo oficial y supuestamente no tenía autorización para hacerlo. Pero las declaraciones de Rojas dieron un vuelco inesperado a los hechos cuando en su declaración informativa aseguró que el día de la triple colisión estaba en función oficial, gestionando la compra de un terreno, tarea coordinada con Villegas.

Los 90 mil dólares encontrados y secuestrados del vehículo en el que iba Rojas hicieron que se investigara su procedencia, lo que permitió develar que tanto Rojas como el exdirector de proyectos Gran Chaco y alto miembro de la comisión calificadora, Agustín Ugarte Méndez, tenían cuentas bancarias a su nombre.

La comisión de fiscales encargada del caso acusó a Rojas por uso indebido de bienes del Estado y a Ugarte por enriquecimiento ilícito y otros. Ambos fueron remitidos al penal de Palmasola.

Según la Fiscalía, ambos ejecutivos mantenían una estrecha relación de amistad y, según las pesquisas, aumentaban los montos de las licitaciones para favorecerse.

Por otra parte, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía incluyó a una veintena de personas integrantes de la comisión calificadora de los proyectos de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, dentro de las investigaciones para esclarecer el escándalo por supuestas irregularidades en los millonarios contratos que superan los 600 millones de dólares.

Dentro del proceso, Ugarte reveló que Rojas recomendó la adjudicación de las obras de la planta Gran Chaco, en Tarija,  a la empresa española Técnicas Reunidas.

Por su parte, Rojas insistió en declarar que Villegas estaba al tanto de todo.

Ante esas declaraciones, Villegas acudió a declarar ante la Fiscalía voluntariamente y dijo que fue a ratificar sus denuncias y también negó que tuviera cercanía con Rojas. También pidió que se investigaran sus cuentas bancarias y las comparen con su declaración jurada.

Mientras las investigaciones continúan, los problemas suscitados por los actos de corrupción afectaron el avance de las obras y la fecha de entrega de la planta de Río Grande fue postergada para mayo y, según previsiones, comenzará a producir gas licuado de petróleo y gasolina para su comercialización en junio del próximo año. Mientras que la entrega de  Gran Chaco fue postergada para fines de 2014.

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ANÁLISIS

Bernardo Prado | Especialista en hidrocarburos

Improvisación complica la industrialización

Al Gobierno le está resultando difícil convencer a propios y extraños sobre la viabilidad de los proyectos de industrialización gasífera.

El panorama se complica aún más cuando los avances que se logran son frenados por factores que, en su mayoría, responden a la improvisación con la que tales proyectos fueron concebidos.

A las autoridades parece no importarles tropezar de nuevo con las mismas piedras que llevaron al fracaso otros emprendimientos.

Tomemos como ejemplo el proyecto que el Gobierno boliviano le confió a la Jindal, empresa de capital hindú, en El Mutún.

Los hechos demostraron que no es suficiente contar con las mayores reservas de hierro de Sudamérica  para garantizar el éxito de un proyecto siderúrgico. Para eso, primero se debió garantizar un conjunto de factores indispensables, casi elementales, que brinden una base sólida sobre la cual crecería el proyecto sin temor a derrumbarse.

Entre estos factores está la falta de gas para la fundición del hierro y para la generación de electricidad, así como el precio del mismo para cada proceso; la carencia de una infraestructura vial y una adecuada logística para transportar el mineral a destino de manera eficaz y eficiente y, finalmente, las dificultades jurídico-legales en la entrega de terrenos saneados para desarrollar toda la cadena de actividades que encerraba el proyecto sin inconvenientes.

Es la ausencia de esos factores la que explica, en gran medida, el fracaso del Gobierno y de la Jindal.

Tomemos ahora como ejemplo el proyecto de urea y amoniaco. Son exactamente los mismos factores que frustraron la siderurgia los que están saliendo a la luz en Bulo Bulo. No tenemos certeza sobre la disponibilidad del gas ni de su precio, no existe la infraestructura vial ni se tiene aún la logística que garantice la llegada de la producción a los mercados de exportación a tiempo y con precios competitivos.

Por último, al igual que en El Mutún, en Bulo Bulo no se tienen todas las garantías jurídico-legales para entregar terrenos saneados que permitan el desarrollo del proyecto petroquímico.

Como vemos, los mismos errores de El Mutún se repiten en Bulo Bulo. Lo que queda es esperar que se tomen a tiempo las medidas necesarias para que las consecuencias no sean las mismas.

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