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El Gobierno, entre la espada y la pared
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Ed. Impresa Conflicto con los aliados | Perciben interés político en las decisiones

El Gobierno, entre la espada y la pared

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 28/12/2012


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LA PAZ | Un minero herido es trasladado a un centro hospitario, tras la explosión de un cachorro de dinamita en el techo de la sede de los trabajadores mineros. -   Efe Agencia

LA PAZ | Un minero herido es trasladado a un centro hospitario, tras la explosión de un cachorro de dinamita en el techo de la sede de los trabajadores mineros. - Efe Agencia

Dirigentes de los mineros asalariados ya lo plantearon cuando las negociaciones parecían estancadas y no prosperaban, pedían que el Gobierno tomara una decisión política.

El pedido era difícil de cumplir pues tanto asalariados como cooperativistas son aliados importantes del actual Gobierno y apuntalaron sus triunfos electorales.

Y la dificultad se hizo evidente cuando un decreto gubernamental de junio pasado entregaba la veta Rosario a los cooperativistas, algo que los asalariados calificaron como favoritismo político.

Severino Estallani, dirigente asalariado de Colquiri, expresó la molestia de su sector y exigió que el Gobierno cumpliera la agenda de octubre de 2003, cuando la consigna era la nacionalización.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, salió al paso y declaró que el Gobierno no había obrado en función de apoyo político con miras a las elecciones de 2014.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, se apresuró a recordarle al presidente Evo Morales que su sector había sido parte importante en las acciones para echar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que habían “orientado el proceso de cambio”.

Hasta la fecha, en vista de que el conflicto continúa, los asalariados insisten en que el Gobierno favorece a los cooperativistas. La convivencia pacífica pedida a ambos sectores no parece posible.

Nueva ley minera, un tema pendiente

El proyecto de la nueva ley minera, impulsada por el Gobierno desde principios de año, no logró concretarse todavía y su avance fue muy lento.

El consenso sobre los 190 artículos que contiene el documento debe ser alcanzado entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Ministerio de Minería, la minería privada mediana y pequeña, la Federación de Mineros y la Federación de Cooperativistas Mineros; pero la polémica surge en torno a la adecuación a los nuevos contratos, los impuestos y regalías y otros problemas sectoriales como el derecho cooperativo y los arrendamientos.

Entre los puntos sobresalientes de la norma en estudio, se encuentra el consenso para que la duración de los contratos de uso y aprovechamiento sean de máximo 30 años.

En la ley original, las concesiones se hacían por tiempo indefinido y las empresas podían dejar de operar manteniendo los yacimientos sin explotar.

En cuanto a las observaciones, expertos en minería advirtieron que la nueva ley podría ahuyentar las inversiones ya que se contempla una consulta previa a indígenas o campesinos. En septiembre pasado, el líder del Consejo Nacional de Marcas y Ayllus, Félix Becerra, criticó que su sector no hubiera sido invitado a participar en la elaboración de la ley.

Además de readecuar las concesiones, el Gobierno impulsa la aprobación de una nueva ley minera en la Asamblea Legislativa con el objetivo de mejorar los ingresos para el Estado por concepto de regalías e impuestos.

 

ANÁLISIS

Rolando Jordán | Analista económico

Conflictos se deben a falta de seguridad jurídica

Los conflictos en el ámbito social en las minas se deben, fundamentalmente, a la ausencia de seguridad jurídica.

No hay un código de minería en el que se definan las reglas del juego para que los actores regulen sus actos y donde se establezcan obligaciones y derechos y es que el Gobierno no ha podido elaborar un documento que compatibilice todos los factores en juego.

Por ejemplo, pretende cambiar concesiones por contratos, algo que objetan los cooperativistas porque ellos obtienen las minas de concesión de forma gratuita, no las tienen que trabajar previamente y además recibían diversos tipos de subsidio.

En los gobiernos de derecha del país se hacía esto porque prevalece la idea de que genera empleo, cuando lo que genera es más bien renta para financiar el desarrollo.

Por otra parte, hay una presión muy fuerte para elevar las regalías, algo que los cooperativistas rechazan y es otro punto que no se ha podido compatibilizar  con la Ley de Medioambiente.

La falta de inversiones en exploración minera está relacionada con esos aspectos, no se puede operar sin grandes capitales y sin tecnología y los inversionistas ven que su capital corre riesgo cuando suceden hechos como los de Mallku Khota, en Potosí, o un caso más patético como es el de Himalaya, en La Paz, donde la Empresa Minera Barrosquira sufrió la intervención de los comunarios bajo la fórmula del cooperativismo.

Y el Gobierno no resuelve estos problemas porque los cooperativistas son un grupo importante de apoyo político.

Cuando se avasallaron empresas mineras estatales, como en el caso de Colquiri, el Gobierno lo que hizo fue esperar a que los avasallamientos se resolvieran solos y cuando se desbordaron su respuesta fue la nacionalización.

El panorama no es alentador porque además de que la inversión en exploración es escasa, los índices de producción están bajando a pesar de que los precios se mantienen.

Por otra parte, en el caso de una crisis de precios internacionales, Bolivia no está preparada para soportarla.

Antes, el 80 a 85 por ciento de la producción minera estaba en manos de la Comibol y de la minería privada mediana que tenía cierta capacidad para diversificarse; pero hoy, por falta de inversión, está en condiciones de vulnerabilidad extrema.

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