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Ed. Impresa FRICCIONES | Flaquean los dos tercios del oficialismo en el Legislativo

El poder “total” del MAS se fractura por pugnas internas

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 28/12/2012


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La diputada Adriana Gil  acompañada por otros legisladores de la oposición en la sesión que se votó por su suspensión, el 4 de  octubre pasado. -   Apg Agencia

La diputada Adriana Gil acompañada por otros legisladores de la oposición en la sesión que se votó por su suspensión, el 4 de octubre pasado. - Apg Agencia

El “poder total” alcanzado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) al tener el control de los tres órganos del Estado, además del Ministerio Público, empezó este año a mostrar debilidades no por el accionar de la oposición que este año estuvo aún más disminuida y opacada, sino a causa de fricciones y discrepancias internas y encontrar algunos frenos en su accionar.

La férrea unanimidad del oficialismo demostrada en la aprobación de leyes y toma de decisiones, entre el Gobierno y el Legislativo y dentro el  Legislativo, termina la gestión resquebraja. Los roces y discrepancias entre la presidenta de la Cámara de Diputados y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por la aprobación del proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, obligaron al presidente Evo Morales a buscar una salida salomónica, enviar el proyecto al Tribunal Constitucional para que establezca si es o no constitucional la normativa, y dejar en suspenso su aprobación en el Legislativo.

En las últimas semanas, ante la proximidad de la renovación de las directivas camarales, volvió a encenderse la pugna entre Delgado y el expresidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce –que se presentó el año pasado precisamente por la Presidencia de Diputados-, pero está vez en torno a los vínculos de la red de extorsionadores destapada y los alcances de las indagaciones, de que éstas no se queden en los “niveles medios”.

La separación de algunos diputados indígenas de las tierras bajas de la bancada masista, por el empeño del Gobierno de construir una carretera a través del Tipnis (Beni), minimizada por el oficialismo tuvo su impacto. Las divergencias afloraron cuando la Cámara Baja decidió tratar la ley de consulta previa en el Tipnis en febrero pasado, la misma que fue aprobada a regañadientes por quienes se oponían a la carretera, como la bancada indígena que intentó evitar la sesión haciendo un plantón en la testera de la Cámara de Diputados

Pero esa ruptura interna fue evidente, en la votación para suspenderla del cargo a la diputada de la oposición Adriana Gil, como propuso la Comisión de Ética por las declaraciones “racistas” que formuló en contra del presidente Evo Morales, al calificarlo de “mentiroso” y desleal con los indígenas del Tipnis.

El MAS no reunió los dos tercios que necesitaba y alegó la ausencia de varios diputados, razón por la que tomó represalias contra los que no estuvieron en la sesión. La bancada indígena y dos diputados del MAS habían votado a favor de Gil.

Sentencias Constitucionales

Dos fallos inesperados, dictados por el Tribunal Constitucional, que eliminaron el delito de desacato del Código Penal y la retroactividad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, cayeron como balde de agua fría a algunos oficialistas, que inmediatamente anunciaron la aprobación de una nueva figura legal que sustituya al desacato para proteger a las autoridades gubernamentales de los ataques de los opositores.

Carlos Romero | Ministro de Gobierno

Me despido con la seguridad de que estas palabras impulsadas por el mejor sentimiento de respeto... despejen cualquier intención de politizar una iniciativa legislativa”.  Romero a Delgado 

 

ANÁLISIS

Eduardo Rodríguez Veltzé | Expresidente  de la Corte Suprema de Justicia y exprimer mandatario del Estado

Hay una ausencia de sistemas de control interno

Lo sucedido con el caso del estadounidense Jacob Ostreicher y la presunta red de corrupción y extorsión que involucra a funcionarios públicos, es un incidente lamentable porque desnuda las falencias de la administración de Gobierno en ciertos niveles, pero también del Ministerio Público y de la judicatura.

Esta suerte de presunto consorcio de jueces, abogados y fiscales con propósitos ilícitos, creo que debe abrir la reflexión en el Estado, no sólo en el Gobierno, sino sobre todo en el Legislativo, en los medios y en la ciudadanía en general. Reflexionar si la estructura orgánica del sistema judicial y del Ministerio Público y la forma cómo conduce el Ejecutivo ciertos temas es la más adecuada; tengo la impresión de que no se pone suficiente énfasis en la prevención de estos tipos de actos irregulares

Hay una ausencia de los sistemas de control interno, de los sistemas de auditorías y otro tipo de actuaciones administrativas que correspondan a una gestión mucho más moderna y más eficiente. Deben tener auditorias preventivas, deben haber actuaciones de control interno que eviten que estos actos sucedan, no esperar como hoy que todo se convierta en una tónica de persecución pos facto, que después de los hechos vienen los grandes juicios, hay que evitar que los hechos se produzcan.

No es un tema que pasa sólo por cambiar las personas. Los sistemas de poder del Estado, de los órganos Ejecutivo, Judicial, del Ministerio Público, la Procuraduría o la Contraloría deben conformar un sistema armónico de actuaciones que no pueden reducirse únicamente a lo que hoy se ve por los medios, a la persecución penal, a buscar el castigo y la punición.

Debe recuperarse el sentido de la prevención, actuar con anticipación, tener sistemas mucho más eficaces y ágiles, orientados a solucionar estos problemas, no bajo la lupa del juicio penal. No convengo con esa línea de actuación.

Lo que se ha desvelado ahora, con la presunta red de extorsionadores que presionaban para que salgan fallos judiciales de acuerdo a su conveniencia y la recuperación de la imagen de la justicia después de este caso, es un problema muy amplio y grande, que no solamente es un gran escándalo, tiene que ver con un proceso de ajustar el Estado, de hacerlo más eficiente y confiable.

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