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Ed. Impresa Conflicto | Indígenas agotaron las instancias judiciales

Gobierno busca legitimar ruta en el Tipnis con una consulta irregular

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 26/12/2012


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La IX marcha en defensa del Tipnis. Los indígenas llegaron a La Paz en junio. -   Efe Agencia

La IX marcha en defensa del Tipnis. Los indígenas llegaron a La Paz en junio. - Efe Agencia

Tras dos marchas, dos leyes contrapuestas, un contrato anulado, un fallo constitucional y una consulta “previa” cuestionada, el Gobierno, en el cierre de 2012, dice tener la aprobación y legitimidad para nuevamente poner en marcha la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos por el centro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

El conflicto, que llegó a su máximo punto en septiembre de 2011, con la represión a los indígenas en Chaparina, durante la VIII Marcha, continuó en enero de 2012 con el arribo a La Paz de una marcha apoyada por el Gobierno y protagonizada por el Consejo Indígena del Sur (Conisur) que movió a comunarios asentados en la zona colonizada del parque Isiboro Sécure donde ya no existen territorios indígenas.

En la sede de gobierno, los dirigentes del Conisur, apoyados por los colonos y productores de hoja de coca del denominado polígono 7 del Tipnis y el Movimiento Al Socialismo (MAS), lograron la aprobación de la Ley 222 de consulta en el Tipnis.

Con la norma, el Gobierno y el oficialismo desconocieron los acuerdos firmados en octubre de 2011 con los indígenas de la octava marcha en defensa del Tipnis y, sobre todo, la Ley 180 que prohíbe la construcción de cualquier carretera por el área protegida.

Luego de la promulgación de la Ley 222, el Gobierno comenzó con fuerza una campaña al interior del Tipnis para captar apoyo de las comunidades indígenas.

Paralelamente, los dirigentes de las subcentrales del territorio y de la Cidob viajaron por varios de los pueblos para denunciar al Gobierno y su insistencia en la construcción de la carretera.

A pocos días del inicio de la IX marcha, el Gobierno llevó regalos supuestamente en su labor de consensuar con las comunidades visitadas el contenido del protocolo o reglamento de la Ley 222 de consulta “previa”.

Varios dirigentes denunciaron que, incluso sin el permiso de sus máximos representantes, y pese al rechazo de la gente del lugar, las autoridades del Ejecutivo, de la Gobernación y algunos municipios benianos insistían en ingresar a las comunidades.

El presidente Evo Morales fue personalmente al Tipnis para llevar regalos como motores fuera de borda y otros.

La IX Marcha

Con la Ley 180 congelada y la Ley 222 en marcha, los indígenas del Tipnis, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y otras organizaciones comenzaron la preparación de la IX Marcha en defensa del territorio indígena.

El 27 de abril, unos 200 marchistas indígenas salieron de Trinidad para iniciar la IX Marcha,  la segunda en menos de un año, en defensa del Tipnis.

La fecha inicial de partida estaba fijada en Chaparina para el 25 de abril, en recordación a la represión policial del 25 de septiembre de 2011, pero un bloqueo instalado en San Ignacio de Moxos impidió cumplir los planes.

Además de ese corte de ruta, otros bloqueos instalados en diferentes puntos de Beni imposibilitaban que los marchistas puedan concentrarse en Chaparina o Trinidad.

La estrategia para frenar o debilitar la IX Marcha cambió y, en vez de enviar a policías a frenar la caminata, esta vez el Gobierno tuvo como aliados a sus organizaciones sociales.

El Gobierno apuntó también a los dirigentes. Lanzó constantes denuncias y críticas.

El Ejecutivo utilizó la estrategia de división para frenar la marcha, pero, finalmente, el 27 de junio de este año, unos mil marchistas llegaron a la sede de gobierno

División

Pese a que todas las regionales de la Cidob aprobaron la IX Marcha en defensa del Tipnis, después de iniciada la caminata varios dirigentes se desmarcaron, firmaron acuerdos con el Gobierno, prohibieron a sus bases asistir a la marcha e iniciaron una campaña para destituir a Adolfo Chávez de la presidencia de la entidad matriz de los pueblos indígenas de tierras bajas.

Concluida la marcha, la estrategia de división dio frutos y el Gobierno impulsó una Cidob paralela con Melva Hurtado como presidenta.

Consulta irregular

La consulta “previa” en el Tipnis comenzó el 29 de julio. Desde entonces, las brigadas del Gobierno y del Tribunal Supremo Electoral se dieron a la tarea de ejecutar el proceso en medio de denuncias desde el inicio y un plan de entrega de regalos por parte del  Ejecutivo.

Las irregularidades que denunciaron los indígenas estuvieron relacionadas con la cantidad de comunidades que el Gobierno fijó para consultar y las preguntas que debían hacer los brigadistas, que conducían a rechazar la intangibilidad del Tipnis y aceptar la carretera.

Los indígenas iniciaron la resistencia Gundonovia y desde ahí extendieron la medida a otras comunidades.

Tras una extensión del plazo para efectuar la consulta, el Gobierno dio por concluido el proceso el pasado 7 de diciembre.

Los resultados del proceso fueron rechazados por los indígenas. En medio de esta polémica, un informe de la Iglesia Católica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), elaborado con base en la visita a 36 comunidades, indicó que 30 de ésas rechazaron la construcción de la carretera.

El documento no cambió en nada la posición gubernamental de retomar la construcción de la ruta.

La constructora brasileña OAS abandonó la obra este año después de que el Gobierno rescindiera el contrato de más de 300 millones de dólares. La acción dio paso a la consulta “previa” en el Tipnis

 

POSICIONES

Fernando Vargas, dirigente

"La carretera por el Tipnis no se hará, antes nos tendrán que liquidar a todos los indígenas. El Gobierno engañó a la gente con la consulta"

Álvaro García Linera

"El 80% de todas las comunidades del Tipnis se ha pronunciado de manera clara, contundente, firme y democrática, quieren la carretera"

 

ANÁLISIS

Fundación Tierra

Gobierno versus indígenas

El conflicto entre el Gobierno y los indígenas del Tipnis por la posible construcción del segundo tramo de la carretera que uniría Villa Tunari con San Ignacio de Moxos, atravesando el corazón de dicho territorio, no ha sido resuelto y el saldo deja un balance negativo con sabor a derrota para el movimiento indígena.

La primera sensación de fracaso viene con los resultados de la novena marcha indígena, movilización que comenzó el 27 de abril, en Trinidad, y llegó a La Paz el 27 de junio. Ni en la travesía ni en su estadía en La Paz el Gobierno atendió las iniciativas de diálogo propuestas por los marchistas. Después de 10 días en la sede de gobierno, los indígenas se vieron obligados a retornar a sus comunidades con las manos vacías.

Posteriormente, se dio paso a la división de las organizaciones regionales de tierras bajas y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob)  entre grupos afines y contrarios al Gobierno.

Finalmente, el proceso de consulta llevado a cabo entre julio y diciembre en comunidades del Tipnis y del polígono 7 se ha caracterizado por la falta de respeto a los estándares internacionales para la realización de consultas a indígenas, la ausencia de información clara, oportuna y adecuada a los pobladores sobre los alcances e impactos ambientales de la obra objeto del proceso consultivo, la ausencia de espacios de libre deliberación en las comunidades para la toma de una decisión soberana y una aplicación plebiscitaria, contra el tiempo, que no pudo promover un ejercicio democrático de concertación con la principal organización del territorio, acción imprescindible para el logro de un resultado legítimo para el Estado y para la sociedad.

La decisión del Gobierno de construir su carretera a cualquier precio, por encima de los intereses y derechos de los indígenas de las tierras bajas y su actitud insensible a ellos ha marcado su ruptura con esos indígenas.

Esto implica un quiebre en el bloque social revolucionario que asumió el poder en 2006 y revela también la dualidad del discurso gubernamental, que en determinadas instancias, principalmente internacionales, promueve los derechos de la naturaleza y de la madre tierra, en defensa del medio ambiente y el buen vivir; y en la práctica, a nivel nacional y local, promueve más bien una visión tradicional desarrollista poco consciente del medio ambiente y los derechos indígenas a la tierra y al territorio.

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