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Ed. Impresa PERSECUCIÓN | Opositores aseguran que los hechos les dan la razón

Se cae el discurso de transparencia del Gobierno

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 28/12/2012


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Familiares y amigos del senador Roger  Pinto en vigilia cerca del edificio de la Embajada de Brasil en La Paz, donde el legislador está asilado hace 6 meses. -   Apg Agencia

Familiares y amigos del senador Roger Pinto en vigilia cerca del edificio de la Embajada de Brasil en La Paz, donde el legislador está asilado hace 6 meses. - Apg Agencia

Solicitudes de dinero a procesados, presión a jueces, persecución a políticos, negociación de bienes incautados, tráfico de influencias, venta de sentencias, entre algunas operaciones denunciadas, que implican directamente a funcionarios de los ministerios de Estado, del Ministerio Público y el órgano judicial, han puesto en tela de juicio de la presentación de “transparencia y lucha contra la corrupción” que el Gobierno de Evo Morales ha mantenido desde su primera gestión.

Con esa consigna ha perseguido a líderes opositores que presuntamente se enriquecieron con dineros del Estado “Gastos reservados I y II” y al ver que perdían esos privilegios empezaron a conspirar contra el Gobierno para derrocarlo, por eso están ahi los casos Rózsa I y II, la detención del alemán Dirk Schmidt, El Porvenir en Pando, entre algunos. Y contra quienes se dirigían contra los gobernantes, estaban los juicios por desacato. Rubén Costas, Ernesto Suárez, Roger Pinto, Juan del Granado, Luis Revilla están entre los más denunciados.

La prensa en el banquillo de los acusados

Las permanentes arremetidas del Gobierno contra los medios de comunicación y los periodistas, que caracterizó al presidente Evo Morales desde su llegada a la Presidencia, pasó en esta gestión a otros niveles: puso a tres medios -dos diarios y una agencia de noticias- en el banquillo de los acusados, a través de una denuncia penal, por presunta incitación a la discriminación y racismo.

Se trata de la primera demanda penal desde el poder contra medios en 30 años de democracia en Bolivia, un caso que las asociaciones profesionales y de la prensa, consideran que provoca una autocensura entre los informadores, lo que reduce las voces críticas contra Morales.

La denuncia contra Página Siete,, El Diario y la Agencia de Noticias Fides (ANF) por haber “distorsionado” las palabras de Evo Morales, es considerada por los analistas como parte de la política de amedrentamiento contra los medios, que vienen resistiendo la aprobación de leyes que coarten la libertad de expresión.

A esta acción penal, este año empeoraron las garantías para el desarrollo de la labor periodística, según la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), se registraron 15 agresiones físicas, 14 amenazas verbales, un atentado, el perpetrado contra el director de radio Popular, Fernando Vidal, en Yacuiba, y la demanda contra tres medios.

 

Pinto, más de 200 días de encierro en la Embajada

El senador opositor Roger Pinto se encuentra más de 200 días asilado en la embajada de Brasil en La Paz sin que el Gobierno le conceda el salvoconducto para abandonar el país. El Gobierno prefirió distanciarse de Brasil por haber acogido al senador, a otorgarle el permiso.

Pinto hace seis meses se refugió en la sede de la legación brasileña para evitar ser recluido, alegó persecución por parte del Gobierno por haber denunciado y exigir al presidente Evo Morales, con base en la documentación que le entregó, que tome acciones contra los funcionarios de su Gobierno involucrados en narcotráfico.

 

Cusi, el magistrado “rebelde”

El magistrado indígena Gualberto Cusi fue la piedra en el zapato del Tribunal Constitucional. Salió a la palestra ya desde su elección en los polémicos comicios judiciales del año pasado, al reclamar la presidencia de ese órgano jurisdiccional por ser el tribuno con más votos en dichas elecciones.

Su confesión de que consultaba a la hoja de coca para algunos casos que le tocaba resolver desató una polémica, pero aún más su develación de que autoridades del Ejecutivo interfirieron en el fallo del Tribunal sobre los indígenas del Tipnis y de que la consulta era inconstitucional.

Cusi también se puso al frente del Legislativo al desconocerle competencia para pedirle informe sobre las opiniones que vertió.

 

Caso Rózsa se traslada a Tarija y no avanza

El denominado caso Rózsa, en el que son enjuiciadas 39 personas por su presunta vinculación con el grupo irregular desarticulado en abril de 2009 en un hotel de Santa Cruz, fue trasladado a Tarija por oposición del Ministerio Público a que se desarrolle en la capital cruceña.

Pese a los costos, el despliegue que significa trasladar a los acusados recluidos y jueces hasta Tarija, el juicio oral se instaló hace tres meses, pero no ha pasado de la presentación de incidentes por los constantes cuartos intermedios.

Los procesados aseguran que el caso fue una tramoya armada por el Gobierno.

 

Se desvelan los “grandes casos”

El destape de la red de corrupción manejada por asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno que actuaron en los “grandes casos”, sacó a luz y confirmó las denuncias de los líderes políticos y exautoridades, de que las acusaciones en su contra respondían a una persecución política.

La hija del extinto político adenista Guillermo Fortún denunció que le cobraron 20.000 dólares para que su padre, indagado por manejo de gastos reservados, deje el penal de San Pedro. El abogado de Gustavo Torrico afirmó que se le planteó a su defendido un proceso abreviado por un caso de supuesta extorsión a menonitas.

Al alemán Dirk Schmidt, acusado de alzamiento armado,  no se le probó esa acusación.

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