Un debate inconcluso

La Ley de Imprenta promulgada el 19 de enero de 1925 es más “vieja” de lo que se supone. Es una entidad tan antigua como el Código Penal, el Código Civil o la propia Constitución Política del Estado. Al igual que aquellas instituciones jurídicas, la Ley de Imprenta tuvo una evolución intensa desde la fundación de la República, particularmente en el siglo XIX, al fragor de una tensión ideológica permanente entre demócratas liberales y autoritarios conservadores. 

Esta Ley es un desprendimiento del Código Penal (de hecho es una ley penal, pero no ordinaria, para castigar la calumnia y la difamación en el trabajo periodístico) que confluyó hacia preceptos libertarios (para garantizar la libre expresión y el derecho a la información) en un ámbito de jurisdicción especial centrada en los Jurados de Imprenta. 

Fue así cómo confluyeron sabiamente el Derecho Penal y el Derecho Constitucional, las dos vertientes de la Ley de Imprenta, creando un escenario donde las esferas privada y pública están claramente delimitadas, pues protege el honor y la privacidad de los ciudadanos comunes y castiga severamente a quienes, haciendo abuso de su pluma, hacen escarnio de esos derechos fundamentales de las personas (el honor y la privacidad); pero a la vez, garantiza la labor de los periodistas honestos en la tarea de fiscalizar el interés colectivo y luchar contra los abusos del poder y la corrupción funcionaria.

Aquel equilibrio entre lo Penal y lo Constitucional atravesó un proceso de intensa pugna entre las fuerzas del recurrente autoritarismo y de la esporádica democracia. La Ley de Imprenta es fruto de los avances y retrocesos en la correlación de ambas fuerzas que marcaron y marcan aún el devenir histórico de Bolivia.

En el siglo XX, los códigos Penal y Civil —y la propia Constitución— fueron varias veces modificados y reformados, sin desaparecer, ajustándose las necesidades concretas de cada coyuntura histórica; pero la institución de la Ley de Imprenta no tuvo esa suerte, se estancó en 1925 sufriendo una desactualización en su forma, aunque permanece vigorosa y sabia en su espíritu.

Primero la Guerra del Chaco y los sucesivos gobiernos militares que emergieron de aquel conflicto bélico, luego la Revolución de 1952 con su secuela de dictaduras partidarias y castrenses, y después el llamado “neoliberalismo” con su arraigada cultura de corrupción, condenaron a la Ley de Imprenta a un deliberado olvido y marginación de las voluntades políticas impidiendo sistemáticamente que esta importante Ley se modernice como un código integral y se enriquezca con el advenimiento de la radiofonía, la televisión y el internet como nuevos medios de expresión e información, además de la imprenta. 

Para las generaciones de políticos que emergieron con la revolución del 52 enriqueciéndose en el poder, no fue necesario abolir la Ley de Imprenta. Fue suficiente la liquidación de la democracia municipal, que es la fuente constitutiva de los Jurados de Imprenta.  Impuesta la democracia municipal hace 30 años, los enemigos naturales de esta Ley, hoy, buscan abolir su espíritu comunitario liquidando los jurados mismos.

llactacracia@yahoo.com

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