Los resultados del censo del año 1950 arrojaron que un 73,8% de la población de Bolivia vivía en el área rural, y el restante 26,2% en áreas urbanas. El punto de encuentro de la población en un 50% urbana y otro tanto rural se dio entre los años 1982-1983. En el ajuste del último censo del año 2012, la población urbana subió al 70% y por el patrón de comportamiento migratorio campo-ciudad que adquiere una tendencia ascendente, en el censo del año 2032, el 90% de los bolivianos viviremos en zonas urbanas.

“El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro; cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos; cuando nos ronda sin ton ni son (…) ‘Miedo’ es el nombre que damos a nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer –a lo que puede y no puede hacerse–”.

Los prolijos programas electorales han quedado atrás y llegó la hora de afrontar “con guitarra” la cruda realidad económica del país. De nada sirve, ni siquiera políticamente, seguir buscando culpables (que sin duda los hay y muchos), sino buscar soluciones (que tal vez las haya). En verdad, los problemas son de tal magnitud que no pueden ser encarados con éxito por un solo gobierno, no importa cuán grande es su mayoría legislativa.

Para enfrentar la profunda crisis que vive la economía boliviana se necesita de un diagnóstico sereno y honesto.

En anteriores publicaciones vimos tres carencias centenarias de nuestra “justicia”: de independencia, de recursos y de estrategia estatal. Veamos ahora la carencia de idoneidad y eficiencia de nuestros administradores de justicia, origen primario de la corrupción y de la retardación judicial, terribles lastres de nuestra administración.