La Paz | ANF
El ex cónsul de Bolivia en China Óscar de la Quintana fue detenido ayer tras prestar su declaración informativa ante el fiscal anticorrupción, Edward Mollinedo, que investiga el caso del tráfico de visas chinas en el que están involucrados otros ex funcionarios consulares y parlamentarios.
El fiscal dijo que el ex diplomático es investigado por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, tráfico de personas y organización criminal, al haber autorizado la emisión irregular de más de 1.800 visas a favor de ciudadanos chinos, cuando fungía de cónsul en aquel país entre 2004 y 2006.
De la Quintana comenzó a prestar su declaración informativa el lunes y concluyó este proceso ayer alrededor de las 17:30. Fue conducido de inmediato a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y mañana será remitido a una audiencia de medidas cautelares.
El ex encargado de Asuntos Consulares aún residía en Beijing, pese a haber dejado el cargo y fue notificado en esa capital china por el fiscal Mollinedo quien se trasladó al país asiático la anterior semana. De la Quintana no quiso emitir declaraciones a la prensa.
Mollinedo dijo que el ex funcionario de la Cancillería René Gallardo, fue notificado personalmente para que preste su declaración informativa hoy.
El caso de las visas chinas estalló cuando se descubrió la existencia de una red de tramitadores conformada por alrededor de 30 parlamentarios y ex legisladores de diversos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, que facilitaron el ingreso de ciudadanos chinos al país, en su mayoría de manera irregular.
Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, muchos de estos extranjeros pagaban hasta 10 mil dólares por ingresar al país, contraer matrimonio "a ciegas" con ciudadanos bolivianos, adquirir la nacionalidad e irse a Estados Unidos y Europa.
El ex diputado del MAS y actual asambleísta, José Bailaba, es acusado de haber tramitado 116 visas cuando era presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara Baja, durante la anterior gestión parlamentaria.
Otra audiencia
Dentro este mismo caso de visas chinas, la directora del Servicio Nacional de Migración, Magalí Zegarra, debió ayer comparecer ante la Fiscalía para prestar declaraciones informativas por la denuncia de detención ilegal de cuatro ciudadanos chinos.
El fiscal adscrito al caso Luis Finni informó que Zegarra, a través de su abogado, presentó una memorial en el que explica que no fue notificada legalmente para presentarse a declarar, pues se encontraba fuera de la ciudad y solicita se le fije un nuevo día y hora para declarar. La nueva audiencia se fijó para este viernes 3 a las 9:00.
Finni indicó que contra Zegarra pesa una denuncia por delitos de privación de libertad, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de desobediencia a un hábeas corpus y amparo constitucional.
La denuncia fue presentada por el abogado Moisés Ponce de León que patrocina al grupo de ciudadanos chinos que se encuentran detenidos en un alojamiento a la espera de su deportación formal.
Los cuatro ciudadanos chinos, tres mujeres y un varón, ingresaron al país entre julio y agosto pasado para realizar, supuestamente, capacitación agropecuaria de siembra de arroz en un proyecto de desarrollo agropecuario en el cantón de Taypiplaya en la provincia paceña de Caranavi, el mismo que no existe.
Una vez que Zegarra emita su declaración informativa se evaluará y se determinará si procede una imputación o no. Entre tanto, el Fiscal anuncio que se solicitó al Juez que lleva el caso que se conceda a los cuatro ciudadanos chinos permiso para prestar su declaración en la Felcc.
Ocho chinos esperan su deportación
Los ocho ciudadanos chinos detenidos por haber ingresado al país de manera irregular fueron trasladados ayer por la tarde a la ciudad de El Alto donde se encuentran retenidos en un inmueble del Ministerio de Gobierno a la espera de ser deportados por orden del Servicio Nacional de Migración (Senamig).
Cuatro de esos ciudadanos asiáticos: Zhen Jin Zhang, Lin Qiu Yu, Zhen Yu Zhen y Su Li Quin, llegaron al país entre julio y agosto de este año con ayuda de la diputada suplente de Podemos Patricia Seeguers para un proyecto de arroz en la localidad de Taypiplaya (Caranavi).
Tras conocer que el objeto de su presencia en el país era falso, el Senamig decidió detenerlos por 50 días en un alojamiento de la calle Pando, en La Paz, luego en un hostal de la calle Inca y ayer se decidió trasladarlos a una vivienda en la avenida Juan Pablo II de la ciudad de El Alto.
El abogado de estos ciudadanos chinos, Moisés Ponce de León, dijo que sus defendidos fueron trasladados para que tengan mayor comodidad y continúan custodiados por el personal de Migración mientras el gobierno analiza una fecha para proceder con su deportación.
Los otros cuatro ciudadanos chinos fueron detenidos el 5 de septiembre pasado con documentación falsa, tras un allanamiento realizado por el Ministerio Público y la Policía, en un departamento en la avenida Tejada Sorzano. De estos, uno se fugó el viernes pasado.
Fuentes del Ministerio de Gobierno revelaron que la deportación de los ocho costará alrededor de 20 mil dólares. Dos oficiales de policía acompañarán a los chinos hasta su país de origen, una vez que concluyan los trámites pertinentes.
