La emergencia de focos convulsivos a lo largo y ancho del territorio a poco de la prolongada al par que masiva celebración del Carnaval, lleva a inferir que ya no se trata de expresiones de descontento con elevada dosis de intransigencia y falta de sentido común, que es la característica de nuestro proceloso devenir histórico, sino del reflejo de una o más fuerzas que desde la obscuridad estarían empeñadas en destruir la institucionalidad del país.

No otra cosa puede interpretarse de los bloqueos de carreteras exigiendo la creación de escuelas de maestros, el esclarecimiento de límites provinciales, la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, la convocatoria a Asamblea Constituyente, la destitución de un superintendente sectorial o la expulsión --a garrotazos, si fuera posible-- de los representantes de un consorcio contratado para la explotación, potabilización y distribución de agua, cuando no la refundación de una empresa fiscal y la instalación de sus todavía inexistentes oficinas en determinado jirón de nuestra heredad geográfica, conformando un verdadero alud o algo parecido al "tsunami" que recientemente azotó las costas de seis naciones asiáticas, causando decenas de miles de víctimas aunque sin afectar su organización política y social.

En este vertiginoso tren hacia el despeñadero, el riesgo de muertes no es descartable, como efecto más de la reacción que se incuba entre los damnificados del creciente y devastador fenómeno, que de la represión oficial en resguardo de la ley, del orden y del interés general; pero quien recibe el mayor golpe es el de por sí horadado cimiento sobre el que reposan las instituciones nacionales, junto al casi inexistente principio de autoridad, para escarnio --esto es lo más deplorable-- tanto de la opinión pública sensata, cuanto de la imagen de Bolivia en el exterior, donde además de ingobernable, debe estar siendo considerada como un escollo para la integración intra e interregional.

¿Quién o quiénes están detrás de esas legiones que, según los casos, no pasan de los cien o del millar de individuos que se dan el lujo de atentar contra el país y perjudicar al grueso de sus habitantes? Hay "dirigentes" plenamente identificados, desde luego; sin embargo, ¿a órdenes de quién o de quiénes obedecen en su labor destructiva? ¿Contará todavía el Estado con los mecanismos para descubrir a esas fuerzas ocultas o mimetizadas con objeto de ponerlas a buen recaudo?

Para peor de males, los poderes públicos se hallan el uno acorralado y sin norte, y el otro dedicado a complacer a los segmentos más irracionales y por ende irreflexivos de la población, a pesar de su desprestigio y pérdida de legitimidad, mientras que como broche de la evidente descomposición, la inseguridad ciudadana se alza a manera de flagelo de nuestros centros urbanos.

En este contexto, la Asamblea Constituyente no significa sino un señuelo, o un oasis en medio del desierto, máxime si se desconoce la carta fundamental vigente o se la pisotea con premeditación y alevosía.

¿Llegará el momento del ¡sálvese quien pueda!? Esperemos que no, mediante un recaudo de emergencia del Ejecutivo, principal responsable de la suerte de la República.