Río de Janeiro | EFE.- La muerte por hambre de seis niños en una reserva guaraní revive la tragedia de los pueblos indígenas en Brasil y la ineficacia de programas sociales como el "Hambre Cero", del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, denunciaron activistas consultados por EFE.
Este drama de las etnias kaiowá-guaraní ha quedado en evidencia en los últimos días con informes sobre la desnutrición y la miseria en lo que resta de la que fuera una de las mayores naciones indígenas de Suramérica.
En la reserva de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul, unas 11 mil personas viven en 3 mil hectáreas sin condiciones mínimas para trabajar la tierra ni saneamiento básico, ni mucho menos programas sustentables, según antropólogos y grupos religiosos.
Al menos 290 niños sufren desnutrición severa y el 35 por ciento de los menores de seis años padece de alguna forma de desnutrición, admitieron las autoridades.
"Hay muchos indios para poca tierra. Se trata de un problema antiguo", dijo a EFE Harue Goto, coordinadora en Mato Grosso do Sul de la Comisión Pastoral del Niño, organización vinculada a la Iglesia Católica.
El Gobierno asegura que la desnutrición se debe a "factores culturales", pues en los últimos meses han sido asignados unos 2 millones de dólares para la compra de miles de cestas básicas de comida destinadas a las aldeas de Dourados.
Funcionarios, empresarios y hacendados de la zona argumentan que los alimentos son cambiados por aguardiente y, cuando hay comida, los adultos comen primero que los niños. También acusan a los indios de ser perezosos o se niegan a darle empleo por temor a que se vuelvan en contra de los patronos y reclamen la propiedad de las fincas.
Mato Grosso do Sul, fronterizo con Bolivia y Paraguay, es uno de los "graneros" de Brasil como productor de carnes, leche, soja, maíz y caña de azúcar, principales sectores de exportación del país.
Los guaraní-kaiowá reclaman la propiedad de unas 14 grandes haciendas adyacentes a la reserva de Dourados. Hace un año las ocuparon a la fuerza, pero fueron expulsados poco después en medio de un clima de conflicto entre los colonizadores "blancos" y las familias indígenas.
Los casos están congelados en tribunales de justicia.
"La cuestión de fondo es que esos pueblos fueron absolutamente confinados en áreas insuficientes para su subsistencia física y su organización social", señaló a EFE el antropólogo Antonio Brand, de la Universidad Don Bosco, en Mato Grosso do Sul.
"No tienen ni una hectárea por familia y se trata de tierras muy deterioradas, eso explica la falta de alimentos", agregó Brand.
La mayoría de los indios que trabajan lo hace para grandes factorías de caña de azúcar y alcohol por un salario mínimo, que es equivalente a unos 100 dólares por mes.
"Si el problema fuese de orden cultural, ¿por qué sólo es percibido en la última década? No hay registro alguno por parte de ninguno de los cronistas, misioneros y agentes de gobierno que nos precedieron" señaló Brand.
El reparto de cestas básicas, principal política oficial en la zona, "agrava el problema de fondo y genera paternalismo y pasividad", advirtió.
La gobernación regional, en manos del Partido de los Trabajadores, de Lula, se ha apresurado a promover sus programas sociales, y el propio presidente pidió la intervención de funcionarios federales de salud.
"Pero no se puede pensar en un futuro para los jóvenes sin la devolución de las tierras de las cuales fueron históricamente expulsados", señaló Brand.
Junto con la devolución de las tierras es fundamental un programa de asistencia técnica y educativa, con incentivo a la producción de alimentos y generación de ingreso en las localidades, agregó.
La nación kaiowá-guaraní que ocupó hace siglos el sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina y Uruguay quedó reducida en Brasil a Mato Grosso do Sul.
Las reservas fueron decretadas hasta hace unos 30 años, pero no fueron bien delimitadas, y en el ínterin la población indígena creció.
Por eso hasta que se resuelva la propiedad de la tierra no habrá solución al problema, señaló Rogerio Batalha, de la asesoría jurídica del Consejo Misionero Indígena (CIMI).
El 50 por ciento de los habitantes de Dourados tiene menos de 18 años y enfrenta falta de trabajo y oportunidades. "Esos jóvenes no tienen perspectiva ni dentro ni fuera de las aldeas, donde son discriminados", destacó Batalha.
