Las perspectivas futuras en materia de avenimiento entre el gobierno y las cooperativas son limitadas.

El gobierno del presidente Evo Morales pareció haberse curarse en sano disponiendo la postergación, hasta el próximo año, de su anunciado programa de reactivación de la minería, atentos sus desacuerdos con la mayoría de las cooperativas que trabajan en el sector, sea en virtud de contratos de arrendamiento o el pago de un canon anual.

En cambio, promulgó un decreto supremo por el cual el cerro Posokoni de Huanuni, escenario de los sangrientos enfrentamientos de principios del anterior mes, pasó a dominio pleno de la Corporación Minera de Bolivia, bajo la modalidad de contratación de los cooperativistas como asalariados en el marco de la Ley General del Trabajo y una inversión de alrededor de diez millones de dólares.

Previamente, el propio mandatario había adelantado "sorpresas" para el 31 de octubre, aniversario de la estatización minera de la década de los cincuenta, generando inquietud entre empresarios a cargo de concesiones y los mismos trabajadores del subsuelo, que se agrupan en cooperativas y sindicatos, en este último caso dentro de la misma Corporación.

El Vicepresidente de la República, por su parte y como suele ocurrir frecuentemente, aclaró que cualquier medida no afectaría a la inversión privada que estuviera en actividad, lo que devolvió cierta tranquilidad entre los interesados, aunque no así la expectativa respecto de lo que sobrevendría hasta la fecha indicada.

En esas circunstancias, el Presidente explicó que su gobierno quería consolidar la nacionalización de los hidrocarburos y no cruzarse con la de la industria extractiva, a pesar de contar con todo un paquete de previsiones. Más aun, reconoció que el Estado carecía de recursos para arrancar con el proceso, de donde decidió restringirse al distrito de Huanuni a manera de inicio de su plan minero-metalúrgico, en cuya línea informó además que sí se contaba con diez millones de dólares para la reactivación de la fundición de Vinto.

Empero, la toma de posesión de aquel centro, el más rico en reservas mineralógicas del país, tropezó con el rechazo de las cooperativas que explotan el cerro Posokoni --excepción de dos de ellas-- a la inscripción de sus miembros en los registros de la Corporación y la consecuente rescisión de los contratos de arrendamiento, situación que puso en duda el objetivo del decreto, peor aun si la Federación de Cooperativas Mineras instruyó el resguardo armado de otras minas ante la supuesta iniciativa oficial de nacionalización y en defensa de las fuentes de ocupación de sus afiliados, extremo que al menos se concretó en Porco, departamento de Potosí.

Las perspectivas futuras en materia de avenimiento son pues limitadas si se considera de Comibol tiene sociedades de riesgo compartido en seis minas; contratos de arrendamiento con privados en catorce y más de 90 con cooperativistas.